Recientemente, en Redacción Médica se recogía una noticia, la verdad es que bastante extraña, por la que el Ministerio de Sanidad había demandado a la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) frente al Tribunal de Cuentas por una presunta justificación deficiente de unos cursos de formación de coordinadores.

Dado que como consecuencia de esta demanda me he visto involuntariamente implicado en el tema, me ha parecido pertinente narrar mi versión de los hechos para arrojar algo de luz sobre este disparatado embrollo que no resulta nada fácil de entender para los no iniciados.

Imagínense que, tras trabajar más de un cuarto de siglo para el Ministerio de Sanidad, un buen día de 2017, se jubila con la pretensión de pasar una vejez tranquila después de una vida profesional bastante intensa. Un mal día, ocho años después, le notifican que tras una serie de auditorías realizadas en el ministerio tras su jubilación y de las que no ha tenido información alguna por parte de nadie, es responsable de haber convocado en 2015 unas subvenciones para formación en donación y trasplante, (tal como se viene haciendo desde los años ochenta) y después, de no haber reclamado a una serie de hospitales y comunidades, que al parecer no justificaron adecuadamente algunos de los gastos incurridos en los cursos subvencionados (que eso sí, se llevaron a cabo con total aprovechamiento y sin que se malversara o desperdiciara un solo euro). Al parecer, lo de reclamar a los hospitales o consejerías que justificaron deficientemente los gastos, es algo que debería haber hecho hasta 2020 en que vencía el plazo y que obviamente no hice, primero porque nadie me dijo nada y segundo porque llevaba ya tres años jubilado y por tanto sin ninguna capacidad de acción administrativa.

Da igual, el ministerio emite una serie de informes en los que obvia que la competencia de convocar estas subvenciones y por tanto la responsabilidad de reclamar durante el tiempo considerado no era de la ONT sino de los sucesivos secretarios generales y/o secretarios de estado del propio ministerio que por allí han pasado (eso sí todos altos cargos con carnet de su partido) y los abogados del estado hacen el trabajo que les mandan poniéndome en el disparadero junto a la actual directora de la ONT y el secretario general de la misma (¿de quién depende la abogacía del estado? ¡pues ya está!, que diría el presidente).

Hay que insistir que, como reconoce el propio ministerio y el tribunal de cuentas, en estas subvenciones no se ha defraudado un solo euro, a diferencia de lo que viene siendo cada vez más habitual en nuestra vida pública con muchos millones de euros defraudados al erario público. Los cursos y demás actividades se llevaron a cabo sin problema alguno y a satisfacción de todo el mundo menos de la interventora que encontró “problemas administrativos” en su justificación.

El resultado de las acciones de lo que he denominado “cloacas del ministerio” (créanme, se de lo que hablo después de 28 años de supervivencia en esa santa casa, a veces con personajes verdaderamente siniestros de todos los partidos) es una remisión del expediente al tribunal de cuentas (que no tenían por qué hacer a la vista de la poca entidad del tema) para que éste de entrada y en espera de lo que pueda ocurrir proceda a exigirme un aval equivalente a casi tres años de mi pensión (y la misma cantidad al resto de los denunciados).

¿A qué se ha debido esta inquina? Es difícil entrar en la atrabiliaria mente de la actual ministra y su corte, más dedicada a sus cuitas políticas que a los problemas sanitarios. Personalmente no creo haber sido el objetivo principal de estas maquinaciones sino más bien un daño colateral, lo que evidentemente no alivia un ápice mi indignación. Creo que más bien los tiros iban dirigidos primariamente contra la actual directora de la ONT por asuntos internos, obviamente indemostrables, pero que al no poder individualizar el tiro se ha acabado llevando por delante a unos cuantos más. No se entiende si no que de repente se acuerden de alguien que no ha pisado el ministerio en más de 9 años.

En cualquier caso, es evidente que llevar al Tribunal de Cuentas a los dos directores de la ONT habidos durante casi 30 años, constituye un golpe muy importante a esta organización. Es posible que el encontrarse con la única porción del ministerio que genera siempre noticias positivas en franco contraste con el resto de sus desastrosas políticas sea más de lo que han podido soportar sus delicadas sensibilidades. Ya se sabe que la envidia no es buena consejera. También es cierto que los antecedentes blogueros del secretario de Estado (de quien depende directamente la ONT) ponen de manifiesto que forma parte del grupúsculo de negacionistas del trasplante que de vez en cuando saltan a los medios de comunicación y que en suma arguyen que en una sanidad como la española con tantos problemas, se trasplanta demasiado, aunque nunca les he oído especificar con nombre y apellidos a quién y cuánto tenemos que dejar de trasplantar para que funcione mejor la sanidad según ellos. Es muy posible que por aquí vayan los tiros, si no del origen, sí de la evolución del tema.

Sea como fuere, el daño ya está hecho y tan solo espero que a todos aquellos que les importe que la ONT continúe siendo una organización modélica sigan apoyándola como han hecho siempre. El actual equipo afortunadamente pasará en unas semanas y nadie se volverá a acordar de ellos en el sector sanitario, pero los enfermos que necesitan un trasplante para seguir viviendo van a seguir estando ahí.