La salud en todas las políticas es un enfoque de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que integra de forma sistemática las consecuencias en la salud de las decisiones tomadas en todos los sectores públicos, con el fin de buscar sinergias y evitar efectos nocivos.

La triste actualidad trae a colación este eslogan internacional por los casi 70 muertos e innumerables heridos que ha causado el accidente entre dos trenes de alta velocidad, ocurrido este miércoles 28 de octubre en la localidad toledana de Urda.

La salud no reside solo en los hospitales. Su esencia se encuentra en lo cotidiano: en los hábitos personales, en la calidad del aire de las ciudades, en la idoneidad de la seguridad en los puestos de trabajo, o en la salubridad de las viviendas y de las dotaciones comunes.

Impregna todo.

Por eso lo de que todas las políticas tengan un enfoque de salud.

Y el transporte no puede vivir al margen. La Dirección General de Tráfico realiza cada año campañas de concienciación para reducir los accidentes en las carreteras, pone en marcha medidas como las inspecciones técnicas de vehículos, porque la antigüedad del parque automovilístico es un factor a tener en cuenta en la siniestrabilidad. Castiga a los conductores ebrios o drogados para disuadirles de conducir en esas condiciones tan peligrosas. Sanciona a quienes van usando su móvil al volante o tiran un cigarro encendido desde el coche, porque pueden provocar incendios, otro gran foco de insalubridad y muerte. Hizo obligatorio hace décadas el cinturón de seguridad y el reposacabezas. Todas son medidas aprendidas de la experiencia.

¿Por qué en el caso de la alta velocidad, con el riesgo tan elevado que existe en convoyes que viajan hasta a 300 kilómetros por hora, no se extreman al máximo las cautelas para preservar la integridad de los viajeros y se aprende de los errores? No hace ni un año que en Adamuz se vivió una tragedia similar, con gente aún tratando de recuperarse de las secuelas físicas y psicológicas del accidente en tierras cordobesas. Eso sin contar las 46 vidas que se cobró. Y parece que no hemos aprendido nada a la vista de lo ocurrido de nuevo entre un AVE y un Iryo.

Dos tragedias similares, en menos de un año, no tienen excusa. Más allá de las dimisiones políticas que deba generar, lo que está claro es que algo no está funcionando correctamente, y los responsables de la Administración y los técnicos deben resolverlo ya, principalmente por una cuestión de salud pública. No se pueden exponer vidas al azar de un error humano, como está sucediendo. Estamos en el siglo XXI, y el desarrollo tecnológico convenientemente implementado debería acabar con estas situaciones trágicas.

No hay Ministerio de Transportes, de Interior, Turismo o de Trabajo. Todos son de Sanidad. Esa es la mentalidad que debe tener un gobierno si de verdad quiere proteger a sus ciudadanos.

Ojalá desgracias como esta sirvan al menos para concienciar a los gobernantes. Nos quedaría ese consuelo en medio de la desolación.