Todo el mundo ha oído hablar del tráfico de órganos y tiene una idea más o menos clara de lo que significa, al menos en sentido amplio: alguien que voluntariamente o bajo coacción vende una parte de su cuerpo, habitualmente un riñón o parte de su hígado para trasplantar a un enfermo que en general paga una considerable cantidad de dinero del que suelen beneficiarse sanitarios con pocos escrúpulos, intermediarios, hospitales y en bastante menor medida el vendedor del órgano. La OMS estima que esta lacra de la humanidad, centrada en la explotación de personas vulnerables, afecta hasta al 10% de los trasplantes que se hacen en el mundo (aunque en realidad nadie sabe de dónde ha salido esta cifra para una actividad, por definición, clandestina), lo que significaría entre 15 y 20.000 intervenciones anuales. En España tuvimos un par de intentos la pasada década, afortunadamente desbaratados por sendas intervenciones policiales en íntima colaboración con la ONT.

Pero junto a este modelo “clásico” existen otras formas mucho más sutiles para las que el término “tráfico de órganos” quizás sea demasiado sonoro, pero que en el fondo suponen igualmente la comercialización de órganos, tejidos o células (lo que ahora se conoce como SoHO: Substances of Human Origin). Son teóricamente cedidas de manera altruista por un donante anónimo, pero en la práctica acaban siendo comercializados y generan beneficios potencialmente muy elevados (más incluso que la venta de riñones) a terceros y no precisamente la persona que los donó o sus familiares.

Este fenómeno está particularmente latente en el campo de los tejidos y las células donde según las regulaciones europeas, cualquier modificación sustancial del producto original les hace entrar en el campo de las terapias avanzadas o el de los dispositivos médicos y salir entonces del ámbito regulatorio de los trasplantes para entrar en el de las agencias de medicamentos y productos sanitarios y al final es la industria farmacéutica quien entra en liza con lo que ello implica en cuanto a acceso y criterios de distribución a los pacientes, así como en la generación de beneficios. Dos mundos regulatorios, de funcionamiento y hasta de filosofía vital que poco tienen que ver y que con frecuencia entran en francas contradicciones.

Tan claro es el asunto, tanto en el plano nacional como europeo que en 2022 la Comisión de Trasplantes del Consejo de Europa emitió la resolución 'Riesgo de mercantilización de las sustancias de origen humano', en la que advierte de los peligros derivados de la comercialización de estas sustancias, tanto para la sostenibilidad del sistema como para el acceso de todos los pacientes que las precisen y en general para la confianza de la población en un sistema basado en la donación altruista de la que no se espera que genere beneficios económicos. La resolución se centraba en tejidos y células que por entonces se encontraban en la Unión Europea en su enésimo proceso normativo, pero los autores de la misma advertían que sería igualmente aplicable a los órganos. Sus palabras resultaron proféticas:

Recientemente aparecía en Redacción Médica una noticia bajo el título 'El PSOE europeo busca blindar el “carácter no comercial” del trasplante de órganos'. A simple vista, la reacción ante la rápida lectura de este enunciado podría ser de extrañeza: ¿Es que no estaban ya blindado el altruismo y la no comercialización tanto en las normativas europeas como en la leyes de los distintos países de la Unión?

La noticia sigue con un subtítulo aclaratorio: “Nicolás González Casares presenta 16 enmiendas a la directiva europea que regula el procesamiento de órganos”. Efectivamente, la Unión Europea se encuentra en plena actualización de la actual Directiva Europea de Trasplantes de Órganos aprobada en 2010 bajo presidencia española, con el fin de adaptarla a los avances científicos y tecnológicos. Uno de los temas que está ahora encima de la mesa es que los órganos manipulados en el proceso de obtención, conservación o trasplante puedan ser considerados como medicamentos y como ocurre con las células, regulados a todos los efectos por las agencias del medicamento, comercializados y sacados de los circuitos habituales de trasplante. El tema es grave porque aparte las evidentes consideraciones éticas que de él se derivan, el hecho que la población de la que depende la donación pierda la necesaria confianza en que el órgano va a ser trasplantado a quien más lo necesite y que con él no se van a hacer negocios, puede tener muchas implicaciones y desde luego ninguna buena. Lo esperable es que las donaciones cayeran en picado.

En el futurible caso de los xenotrasplantes porcinos en los que se trata de órganos de unos animales modificados genéticamente y diseñados específicamente para ello, el diagnóstico está bastante claro: estamos hablando del equivalente a un medicamento o producto sanitario, aunque habrá mucho que discutir sobre cómo se distribuyen y se regula el acceso a los mismos y eso solo lo pueden hacer las organizaciones de trasplantes. Sin embargo, de lo que se trata y por lo que abogan las enmiendas del eurodiputado Rodríguez Casares es garantizar que los órganos destinados a trasplante y que por definición proceden de una donación humana altruista no puedan ser clasificados como medicamentos ni convertirse en bienes comerciales, independientemente de la tecnología utilizada para su obtención, conservación o tratamiento.

Esperemos que estas enmiendas alcancen el suficiente consenso de los distintos partidos y prosperen en el Parlamento Europeo. La batalla no va a ser fácil porque las presiones de la industria se presuponen fuertes y de ellas puede depender la postura de determinados países y grupos políticos, aparte lo mucho que influye habitualmente en Bruselas de muy distintas formas. Lo que vaya a hacer el ministerio español en el caso de que el tema no quedase suficientemente blindado en Europa es una incógnita al estar representado por un partido distinto al del diputado socialista y con el que muchas veces parece no haber la más mínima comunicación. Sin embargo, el poco aprecio que habitualmente muestra tener por los trasplantes en general y la ONT en particular hacen temer lo peor. Confío en equivocarme y que todo quede suficientemente claro en la Unión Europea porque nos estamos jugando entre otras cosas la credibilidad del sistema de la que depende la vida de tantas personas.