Periódicamente, sobre todo cuando se produce algún descalabro sanitario que pone de manifiesto los múltiples agujeros de nuestro sistema en cualquier autonomía, surge alguna voz que reclama la recentralización total o parcial del sistema, en la esperanza de que una vuelta al modelo del antiguo Insalud (que pronto hará un cuarto de siglo que desapareció) pudiera servir para disponer de mejores y más racionales herramientas de gestión.

El largo proceso de transferencias sanitarias, que se extendió a lo largo de dos décadas desde que Cataluña recibiera las primeras competencias en 1981, culminó en el 2002 con las 10 últimas comunidades que componían el Insalud, quedando dependientes del ministerio de sanidad tan solo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla gestionadas a través del Ingesa, y así han seguido hasta el momento actual: es como si el ministro/a de turno se hubiera quedado como cometido asistencial fundamental, ser responsable de dos o tres hospitales (la salud pública es competencia de las respectivas ciudades). Para quienes tienen tendencia a atribuir capacidades taumatúrgicas al ministerio, sobre todo cuando gobiernan los suyos, ésta debería ser la prueba de fuego: si no tiene que hacer más que gestionar esto, lo debería hacer de maravilla, convertirse en un modelo del que todos deberían aprender.

Sin embargo, como bien pueden atestiguar ceutíes y melillenses la sanidad de las dos ciudades autónomas, gestionada desde el ministerio no es ni mucho menos para tirar cohetes. Según el Barómetro Sanitario de 2025, el grado de satisfacción con el funcionamiento del sistema sanitario en las dos ciudades autónomas ocupaba el penúltimo y antepenúltimo lugar entre todas las comunidades españolas. Las carencias son múltiples, bien es cierto que condicionadas en muchos casos por la falta de profesionales que quieran establecerse allí y tienen que ser suplidas por traslados a la península.

Una crisis grave como la ocurrida en Ceuta a finales de Julio tiene, como no podía ser menos, sus repercusiones sanitarias. El hecho de que un sistema básicamente tensionado, de repente se vea sometido a los efectos de una invasión de tanta gente como la población basal de la ciudad, aunque luego se quedara en una cifra nunca concretada pero que parece estar entre 8 y 10.000 personas, un 10-12% de la población ceutí, no parece algo como para dejarlo pasar. Si a ello añadimos que los estándares sanitarios de los países de origen de estos migrantes distan mucho de los europeos y que llevan ya varias semanas pululando por la ciudad sin control alguno, con brotes de sarna y gastroenteritis y casos detectados de tuberculosis y otras enfermedades, no parece que desde el punto de vista sanitario se pueda o se deba estar muy tranquilo.

No pensó lo mismo la ministra de Sanidad, que tardó 17 días en acudir a Ceuta en el desfile diario (y bastante vano, por cierto) de ministros, en el que ocupó uno de los últimos lugares. Tampoco es que aportara mucho a la solución del problema, pero eso sí, hay que reconocer que hizo lo que mejor sabe hacer: montar bronca, con acusaciones nada veladas de xenofobia para todo el que no comulgara con sus diagnósticos y un enfrentamiento con el gobierno ceutí que rompió la aparente concordia al menos de puertas afuera que había existido hasta entonces con el gobierno central. Básicamente quitó importancia a la situación reconociendo simplemente “que el sistema estaba tensionado” y que en todo caso, muchos de los problemas eran responsabilidad del gobierno ceutí que para eso era el encargado de la salud pública y no había colaborado según ella en todo lo que debía. De hecho, demoró una semana más la visita de un equipo técnico liderado por el secretario de Estado que igual sí podían haber contribuido a mejorar algo la situación. Por descontado desoyó las opiniones de los muchos profesionales que denunciaban una situación bastante menos idílica que la que visualizaba ella y despachó con cajas destempladas la propuesta de la oposición de valorar el confinamiento de los inmigrantes con enfermedades infecciosas.

En suma, no parece que la dependencia del gobierno central en materia sanitaria (en realidad, en casi ninguna materia) haya aportado muchas ventajas sobre una hipotética sanidad transferida, para la que hay que reconocer como principal problema el pequeño tamaño de la ciudad. No es concebible que una consejería ceutí de salud hubiera mostrado una actitud similar. Es posible que con un equipo más serio en el Paseo del Prado, las cosas hubieran evolucionado de otra forma…pero eso nunca lo sabremos. Entre tantas cosas negativas, para algo tenía que valer el desastre de lo ocurrido en Ceuta, mostrarnos lo que se podía haber hecho mejor.