Hay una pregunta que España debería afrontar de una vez, sin complejos, sin eufemismos y sin miedo a que cualquier defensa de la legalidad sea inmediatamente caricaturizada: ¿es compatible mantener una sanidad humanitaria y universal con exigir fronteras seguras, controladas y sometidas a la ley?
Mi respuesta es rotunda: no solo es compatible. Es imprescindible.
Un médico, un odontólogo, un farmacéutico, un enfermero o cualquier profesional sanitario tiene delante, ante todo, a una persona. Cuando alguien está enfermo, herido o necesita asistencia, el sanitario no puede convertirse en policía, juez o agente de extranjería. Su misión es prevenir, diagnosticar, aliviar y curar. Y así debe seguir siendo. Pero precisamente porque los sanitarios deben curar sin preguntar, el Estado tiene la obligación de hacer su trabajo antes, durante y después. Humanidad no puede significar descontrol. Solidaridad no puede significar impotencia. Y garantizar asistencia sanitaria a una persona jamás puede utilizarse como argumento para asumir que España debe resignarse a unas fronteras incapaces de hacer cumplir la ley.
El sanitario tiene el deber de atender. El Estado tiene el deber de controlar. Confundir ambas responsabilidades constituye uno de los grandes errores de este debate. No corresponde al médico resolver las consecuencias de una política fronteriza insuficiente. No corresponde al enfermero determinar quién tiene derecho a permanecer en España. No corresponde al odontólogo identificar a quien ha entrado irregularmente. Eso corresponde al Estado. El Estado debe saber quién entra en territorio nacional, comprobar su identidad y situación jurídica, aplicar la legislación de extranjería, detectar posibles víctimas de trata, proteger a los menores y perseguidos, tramitar las solicitudes de protección internacional y actuar ante riesgos reales para la salud pública o la seguridad. Y debe hacerlo con medios, rapidez y autoridad.
España dispone además de instrumentos jurídicos para establecer determinados controles sanitarios cuando existen razones que los justifican. Reclamar controles proporcionados y basados en criterios epidemiológicos no significa considerar enfermo al extranjero. Significa aplicar exactamente la misma lógica que utilizamos en cualquier política seria de salud pública: evaluar riesgos reales y actuar cuando existen. Tan irresponsable sería afirmar que toda persona que llega irregularmente constituye un peligro sanitario como sostener que nunca puede existir ningún riesgo que merezca vigilancia. La salud pública exige ciencia, no prejuicios. Pero también exige prevención, no ingenuidad.
Lo mismo ocurre con la seguridad. No debemos presentar automáticamente a quien entra irregularmente como delincuente, violento o portador de enfermedades. Eso sería injusto y además debilitaría cualquier argumento serio. Pero tampoco debemos fingir que entrar irregularmente en un país carece de relevancia para su soberanía. Las fronteras existen porque una democracia tiene derecho a establecer quién puede acceder a su territorio y bajo qué condiciones. Si las normas de entrada pueden incumplirse sistemáticamente sin consecuencias efectivas, dejan progresivamente de ser normas para convertirse en recomendaciones. Y España no puede permitirlo. Especialmente quienes observamos el problema desde lejos deberíamos recordar algo fundamental: detrás de cada discusión abstracta sobre fronteras existen ciudadanos españoles que viven físicamente junto a ellas.
Existen los ceutíes. Hombres y mujeres que trabajan, forman familias, levantan negocios, pagan impuestos, educan a sus hijos y desarrollan su vida cotidiana en una ciudad española cuya condición fronteriza no debería condenarla a soportar permanentemente una presión que el resto del país contempla desde cientos de kilómetros de distancia.
Defender Ceuta no es una extravagancia ideológica. Defender Ceuta es defender España. Y defender a los ceutíes significa garantizar que puedan vivir con seguridad, tranquilidad y confianza en sus instituciones.
Ningún ciudadano debería recibir el mensaje de que reclamar el cumplimiento de la ley en su propia frontera es insolidario. Ningún ceutí debería sentirse obligado a escoger entre defender la dignidad de quien necesita ayuda y defender la seguridad de su familia y de su ciudad. Tiene derecho a exigir ambas cosas.
Ante delitos graves —agresiones, robos, violencia sexual o cualquier otra forma de criminalidad— la respuesta policial y judicial debe ser firme, rápida y contundente, independientemente de que el responsable haya nacido en Ceuta, Madrid, Rabat, París o cualquier otro lugar. Las víctimas tienen derecho a protección, reparación y justicia. Pero precisamente por eso debemos individualizar siempre la responsabilidad: los delitos los cometen personas concretas, no nacionalidades enteras.
La firmeza del Estado no necesita xenofobia.
Necesita policías con medios. Fronteras operativas. Procedimientos eficaces. Justicia ágil. Cooperación internacional. Administraciones coordinadas. Y gobiernos dispuestos a asumir responsabilidades.
España debería articular su política alrededor de cinco principios irrenunciables: control, identificación, prevención sanitaria, cumplimiento efectivo de la ley y humanidad. Toda entrada irregular detectada debe activar procedimientos eficaces de identificación y determinación de la situación jurídica de la persona. Cuando existan razones epidemiológicas objetivas, deben realizarse las actuaciones sanitarias pertinentes, garantizando diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Las solicitudes de protección internacional deben resolverse con todas las garantías, pero también con mucha mayor rapidez.
Quien realmente necesite protección debe encontrar un Estado capaz de protegerlo. Y cuando legalmente corresponda una devolución o expulsión y exista una resolución ejecutable, el Estado debe ser capaz de ejecutar sus propias decisiones. Porque una democracia que dicta normas pero sistemáticamente es incapaz de hacerlas cumplir termina erosionando la confianza de sus propios ciudadanos. Y eso también resulta peligroso.
España debe proteger especialmente a los menores, a las víctimas de trata, a los perseguidos y a quienes verdaderamente necesitan protección internacional. Pero proteger al vulnerable no exige renunciar a controlar la frontera.
Todo lo contrario. Un sistema incapaz de distinguir entre quien necesita protección, quien busca legítimamente una oportunidad, quien cumple los procedimientos establecidos y quien pretende eludirlos termina perjudicando precisamente a quienes hacen las cosas correctamente.
Debemos recuperar además una palabra que durante demasiado tiempo algunos parecen pronunciar con incomodidad: soberanía. España es una democracia y tiene derecho a decidir las condiciones de entrada y permanencia en su territorio. Tener fronteras no es contrario a los derechos humanos.
Controlarlas tampoco.
Hacer cumplir la ley tampoco.
La cuestión fundamental es hacerlo mediante procedimientos legales, proporcionados y respetuosos con la dignidad humana. El sanitario seguirá teniendo delante a un paciente y deberá tratarlo como tal. El policía tendrá delante una posible infracción o un posible delito y deberá actuar conforme a la ley. El juez deberá determinar responsabilidades individuales. Y el Gobierno tiene una responsabilidad diferente e indelegable: conseguir que España conserve el control efectivo de sus fronteras y que quienes viven en ellas sepan que su país no los abandona. Porque no sería aceptable exigir indefinidamente a sanitarios, policías, servicios sociales y ciudadanos de las zonas fronterizas que absorban las consecuencias mientras desde los despachos se evita afrontar las causas.
España puede ser solidaria sin ser ingenua. Puede curar al enfermo sin renunciar al control sanitario. Puede rescatar a quien está en peligro y exigir después el cumplimiento de la ley. Puede proteger al perseguido y expulsar, cuando legalmente proceda, a quien no tenga derecho a permanecer. Puede respetar al extranjero y defender al español. No existe ninguna contradicción. La verdadera política humanitaria no consiste en abandonar las fronteras, sino en gobernarlas con humanidad y autoridad. Ni el inmigrante debe convertirse en enemigo por ser inmigrante, ni el ciudadano que reclama seguridad debe convertirse en sospechoso por exigir que su Gobierno cumpla con una de sus obligaciones más elementales. Y desde el resto de España deberíamos decir algo más.
Cuando un ceutí pide seguridad para su ciudad, su problema también es nuestro problema. Cuando exige que su frontera sea respetada, está defendiendo una frontera española. Cuando pide que policías, guardias civiles, sanitarios y servicios públicos tengan medios suficientes, está reclamando algo que cualquiera exigiría para su propia ciudad. Y cuando siente que desde la Península se relativizan problemas que él vive a pocos metros de su casa, merece escuchar con claridad que no está solo.
Ceuta no es la periferia de nuestros deberes. Ceuta es España.
Sus ciudadanos merecen humanidad, sí. Pero también seguridad.
Merecen solidaridad. Pero también autoridad.
Merecen derechos. Y merecen un Estado capaz de hacer cumplir sus leyes.
Por eso podemos defender sin contradicción al enfermo que necesita asistencia, al perseguido que necesita refugio, al policía que protege nuestra frontera, al sanitario que cumple con su deber y al ciudadano que simplemente quiere vivir seguro en su tierra. Curar sin preguntar. Proteger sin renunciar. Acoger cuando corresponda. Hacer cumplir la ley siempre.
Y cuando llegue el momento de defender a quienes viven cada día esa frontera que demasiados contemplamos desde lejos, que nadie tenga ninguna duda de dónde estoy:
con Ceuta y con los ceutíes.
Porque su frontera es nuestra frontera.
Su seguridad es nuestra seguridad.
Y su España es nuestra España.
¡¡¡YO TAMBIÉN SOY CEUTÍ!!!