“Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie.” Esta máxima del Gatopardo parece haberse convertido en el involuntario leitmotiv de la ministra de Sanidad, Mónica García, en su empeño por sacar adelante un Estatuto Marco que es rechazado abiertamente por médicos y facultativos.
La soberbia política es el peor enemigo de la sanidad pública, especialmente cuando se confunde la firmeza con la ceguera ideológica. Vivimos días de profunda preocupación en el seno de nuestro Sistema Nacional de Salud, un sistema que ya arrastra cicatrices profundas y que ahora se enfrenta a una herida autoinfligida por la cerrazón de la ministra de Sanidad. Su empeño personal en sacar adelante un nuevo Estatuto Marco, ignorando el clamor unánime de los profesionales del sector, ha abocado a la sanidad a una huelga indefinida que pagarán, como siempre, los pacientes. Lo más grave de esta tesitura no es solo la preocupante falta de empatía y de diálogo de la titular de la cartera, sino el empecinamiento absurdo en sostener un proyecto que nace muerto, carente de cualquier viabilidad parlamentaria para ser aprobado en el Congreso de los Diputados.
Cuando uno analiza la deriva de los acontecimientos, resulta imposible no sentir una mezcla de indignación y de tristeza. Los médicos no acuden a una huelga indefinida por capricho ni por cuestiones menores. Una medida de tal calibre es siempre el último recurso, el grito desesperado de un colectivo exhausto que ve cómo las reglas del juego que rigen su vida laboral se pretenden modificar de espaldas a la realidad de las consultas y de los hospitales. La ministra, en una preocupante demostración de aislamiento institucional, parece haber olvidado que legislar sobre recursos humanos en sanidad exige un conocimiento quirúrgico del terreno y, sobre todo, un consenso de hierro con quienes sostienen el sistema día a día.
El Estatuto Marco que se pretende imponer no es la solución a la temporalidad ni la respuesta a la precariedad que asfixia a nuestros profesionales. Al contrario, el texto propuesto perpetúa viejos vicios, no resuelve la pérdida de poder adquisitivo, desatiende la sobrecarga asistencial y maquilla con lenguaje burocrático los problemas estructurales de la profesión. Por eso el rechazo es absoluto y transversal. No estamos ante la pataleta de un sindicato aislado; estamos ante un muro de contención levantado por la profesión médica en su conjunto, que dice "basta" a las imposiciones unilaterales.
Mantener una postura inmovilista ante este panorama es un ejercicio de irresponsabilidad supina. La ministra insiste en que su propuesta es innegociable, mostrando una cabezonería que roza la negligencia política. En lugar de sentarse a escuchar a los comités de huelga, de abrir las ventanas del ministerio para que entre el aire de la realidad asistencial, se atrinchera en despachos oficiales y discursos prefabricados. Esta actitud solo sirve para encender más los ánimos en los pasillos de los hospitales y alargar un conflicto que erosiona, minuto a minuto, la calidad de la atención al ciudadano. Una huelga indefinida en sanidad se traduce de inmediato en miles de consultas suspendidas, operaciones retrasadas y listas de espera desbocadas. El coste social de la terquedad ministerial es inasumible.
Pero el colmo del despropósito en esta gestión es la desconexión total de la ministra con la aritmética parlamentaria. Cualquier observador político mínimamente atento sabe que el actual Congreso de los Diputados está marcado por la fragmentación y la necesidad de pactos complejos. El proyecto de reforma del Estatuto Marco, tal y como está concebido, no cuenta con los apoyos necesarios. La oposición en bloque lo rechaza por considerarlo un parche ineficaz, y los socios habituales de investidura ya han manifestado serias dudas y distancias respecto al texto, sensibles a las demandas de los colectivos sanitarios de sus respectivos territorios.
Por lo tanto, la ministra está librando una batalla perdida de antemano. Nos encontramos ante el triste espectáculo de una ministra que inmola la paz social de la sanidad pública por un proyecto de ley que jamás verá la luz en el Boletín Oficial del Estado. Es una obcecación estéril. ¿Qué sentido tiene mantener al país al borde del colapso sanitario por un texto que el Congreso va a tumbar en su primera votación seria? Esta falta de pragmatismo denota una preocupante carencia de cintura política y un alarmante desconocimiento de cómo se construyen las leyes en una democracia parlamentaria. Las leyes no se aprueban por real decreto de la voluntad ministerial; se aprueban sumando voluntades, cediendo, negociando y buscando el bien común.
Los profesionales sanitarios están cansados de promesas vacías y de reformas que solo buscan el titular del día siguiente. El rechazo mayoritario al estatuto marco no es una postura política, es una defensa de la dignidad profesional y de la seguridad de los pacientes. Si las condiciones de trabajo de quienes nos curan siguen precarizándose, el sistema colapsará por falta de personal, no por falta de leyes. La ministra debería bajar del pedestal de la soberbia, asumir el principio de realidad y retirar un texto que carece de futuro tanto en la calle como en el Parlamento.
La solución a esta crisis pasa obligatoriamente por un ejercicio de humildad que, hasta la fecha, la ministra no ha mostrado. Es imperativo que se abra una mesa de negociación real, sin líneas rojas absurdas y con la firme voluntad de escuchar a quienes de verdad conocen la sanidad: los profesionales de bata y estetoscopio. Hay que devolver la negociación a la senda de la cordura y el sentido común, dejando a un lado los dogmatismos que nada aportan a la gestión de la salud pública. Si la ministra persiste en su cabezonería, el conflicto se enconará y el daño al sistema será irreparable. Todavía está a tiempo de rectificar, de evitar el naufragio parlamentario y de frenar una huelga que nadie desea. Gobernar es escuchar, rectificar cuando es necesario y, sobre todo, no legislar contra aquellos a quienes se debe proteger.