La avalancha humana procedente de Marruecos que recibió Ceuta hace unos días ha dejado un panorama sanitario desolador en la ciudad autónoma española. Con independencia de las razones que hayan llevado a esta situación, el Estado tiene que reaccionar y poner los medios para asistir a la gente como debe y reforzar las plantillas de forma suficiente. No se puede seguir fiando la respuesta a estas circunstancias excepcionales con la buena voluntad de los profesionales de la salud.
La vocación de médicos, enfermeras, farmacéuticos, dentistas o psicólogos llega a un límite, y desde luego no es un elemento propio de política de recursos humanos que haya que dar por descontado suceda lo que suceda. En ningún caso un Gobierno, entendido como el estatal o los autonómicos hasta donde lleguen sus respectivas competencias, debe contar con la vocación como una opción para suplir las deficiencias en las plantillas e infraestructuras, tampoco en situaciones de emergencia como lo fue el covid-19, lo son las catástrofes naturales o está siendo esta terrible crisis migratoria desatada en Ceuta.
Se acabó meter en la ecuación de la asistencia sanitaria extraordinaria algo tan personal como es la vocación; pertenece a la esfera íntima de cada profesional, y no es patrimonio de la Administración. El deber político es tener disponibles los recursos para atender lo cotidiano, lo eventual y lo excepcional.
Además, es bueno que la respuesta sea a todos los niveles, incluso en el institucional, ya que las apariencias importan porque dan ejemplo. Hemos visto al presidente de la Organización Médica Colegial (OMC) desplazarse a conocer de primera mano la situación. Más allá del altavoz social que supone la presencia de figuras de índole nacional, que un liderazgo estatal se desplace hasta la zona afectada es una inyección anímica, un no estamos solos ante la adversidad, y el Ministerio también debería haber valorado esta derivada.
Si el argumento es que no existe crisis sanitaria en Ceuta, queda preguntarse si la precaria situación de salud pública a la que están expuestos decenas de menores y jóvenes, y los brotes epidémicos que pueden generar involuntariamente entre la población local, no merecen al menos una movilización oficial propia de un país del primer mundo. No todo el esfuerzo puede ser a costa de los de siempre, de los profesionales que comprometen su vida privada y su salud para dar la respuesta que no llega desde las autoridades.
Los propios profesionales llevan años advirtiendo sin éxito que Ceuta se encontraba en una situación asistencial precaria. ¿Por qué la política se está habituando a planificar sin escuchar a las organizaciones colegiales y científicas? Aunque pueda existir un sesgo corporativista en algún caso, son quienes mejor conocen las condiciones porque las viven a diario.
Desgraciadamente lecciones como las del covid-19 siguen aún esperando metidas en algún cajón, como la ejecución del capítulo sanitario del dictamen de la Comisión de Reconstrucción Social y Económica que aprobó el Congreso.
Lo que se aprenda en Ceuta tampoco se debe desdeñar, porque como ya se ha visto es algo que se puede volver a repetir en las ciudades autónomas en cualquier momento, y el hecho de ser profesional de la salud no debe ser la excusa para que la Administración se aproveche de la vocación más allá de los derechos laborales de todo ciudadano. Hay que planificar conforme a la realidad, basándose en la experiencia. Esa responsabilidad es política e intransferible.