El Govern de Catalunya ha dado luz verde a una ley para profesionalizar la dirección pública de la Generalitat, una norma que, entre sus muchos ámbitos de aplicación, alcanza también al personal directivo sanitario. La noticia, recogida estos días por los medios especializados, merece una lectura detenida y, me atrevo a decir, una bienvenida sin reservas desde la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa). Llevamos años defendiendo que la gestión sanitaria debe regirse por criterios de mérito, idoneidad, transparencia y rendición de cuentas, y no por la discrecionalidad política del momento. Que una comunidad autónoma dé un paso normativo en esa dirección es, sencillamente, una buena noticia para el sistema sanitario y la gestión de la salud.
La norma catalana incorpora elementos que en Sedisa venimos reclamando desde hace tiempo: selección por mérito e idoneidad, mandatos de duración determinada, evaluación de resultados vinculada a la retribución variable y un régimen de cese sujeto a causas tasadas, no al capricho de cada cambio de gobierno. Se trata, en definitiva, de blindar la gestión sanitaria frente a los vaivenes de los ciclos electorales, algo especialmente relevante en un sector donde las decisiones estratégicas —la planificación de recursos, la transformación digital, la reorganización asistencial— rara vez caben en una sola legislatura y exigen continuidad, criterio técnico y visión estratégica de largo plazo.
Conviene no perder de vista que, según los datos disponibles, la designación directa de gerentes en la red hospitalaria pública catalana no alcanza el 15 por ciento, una cifra sensiblemente inferior a la de otras comunidades autónomas. Esto no resta valor a la iniciativa; al contrario, demuestra que legislar la profesionalización no es solo poner coto a los 'dedazos' allí donde son mayoría, sino consolidar y dar cobertura jurídica a las buenas prácticas que muchas organizaciones sanitarias ya vienen aplicando de facto, con procesos de selección abiertos y evaluaciones anuales de desempeño. Blindar por ley lo que hoy depende de la voluntad de cada organización es dar estabilidad institucional a un modelo que ha demostrado funcionar.
La profesionalización de la gestión sanitaria
Desde Sedisa hemos insistido reiteradamente en que la profesionalización de la gestión sanitaria no es una cuestión cosmética ni un debate exclusivamente académico: es una condición necesaria para garantizar la sostenibilidad, la calidad asistencial y la confianza ciudadana en el sistema de salud. Los directivos y las directivas de la salud gestionamos organizaciones complejas, con miles de profesionales y presupuestos que afectan directamente a la vida de las personas. Esa responsabilidad exige que el acceso a los puestos de dirección se sustente en la capacitación, la experiencia y la evaluación objetiva del desempeño, y no en la proximidad a quien ocupe el cargo político de turno.
La ley catalana introduce también una clasificación del personal directivo —dirección general, dirección operativa y directivos del sector público institucional— que abre un debate no menor sobre la relación entre la gestión sanitaria y la carrera funcionarial, una peculiaridad española que no se replica en la mayoría de los sistemas de salud europeos, más orientados a la meritocracia que a la vinculación funcionarial. Es un aspecto que habrá que seguir con atención durante la tramitación parlamentaria, porque de su desarrollo reglamentario dependerá que la norma cumpla realmente su propósito.
Y aquí conviene introducir la necesaria cautela. La ley inicia ahora su tramitación parlamentaria y el Ejecutivo catalán aspira a un amplio consenso entre los grupos del Parlament. Es, por tanto, un texto vivo, sujeto a enmiendas, negociación y, previsiblemente, a un desarrollo reglamentario posterior que determinará su aplicación efectiva sobre gerencias y direcciones.
La experiencia de otras normas similares aprobadas en años anteriores en otras comunidades autónomas nos enseña que la distancia entre la letra de la ley y su implantación real puede ser considerable. Por ello, desde SEDISA seguiremos con atención el resultado final del trámite parlamentario, confiando en que no se diluyan los elementos sustantivos de la propuesta y en que su desarrollo reglamentario refuerce, y no debilite, los principios de mérito, transparencia y rendición de cuentas que la inspiran.
Iniciativas como esta deberían extenderse al conjunto del Sistema Nacional de Salud. La profesionalización de la dirección sanitaria no es una reivindicación corporativa: es una garantía para los pacientes, para los profesionales sanitarios y para la sostenibilidad del sistema sanitario. Cataluña da hoy un paso en la buena dirección. Desde SEDISA seguiremos trabajando, como lo hemos hecho siempre, para que ese paso se convierta en norma común y en cultura de gestión compartida por todo el sector de la salud.