La aprobación por el Consejo de Ministros del proyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios (y el inicio de su tramitación parlamentaria) marca un hito relevante para el sistema sanitario español. No solo por la voluntad de reformar la norma ‘matriz’ de la Sanidad para afrontar los retos del Sistema Nacional de Salud (SNS), sino porque reconoce de manera explícita las peculiaridades de la tecnología sanitaria y les otorga un marco normativo propio dentro de la ley. Un aspecto fundamental para explotar todo su potencial y que la incorporación de innovaciones tecnológicas al sistema sea más eficaz y eficiente.
Los productos sanitarios vienen compartiendo espacios regulatorios planteados fundamentalmente para el ámbito del medicamento. Sin embargo, la realidad es que ambos presentan diferencias notables en sus procesos de innovación, evaluación, uso clínico y ciclo de vida. Ajustar la regulación a las necesidades reales de pacientes, profesionales sanitarios y empresas es una reivindicación histórica de nuestro sector. El Ministerio de Sanidad ha demostrado capacidad de escucha y sensibilidad ante esta cuestión.
Este proyecto de Ley depara otras buenas noticias para facilitar el acceso a tecnología sanitaria innovadora y la competitividad de nuestra industria. La apuesta por políticas de compras sanitarias basadas en valor (dando prioridad a criterios vinculados a la calidad en las decisiones de adjudicación) es una evolución necesaria para nuestro sistema sanitario. Apostar por la compra basada en valor significa reconocer el impacto real de las tecnologías innovadoras en la salud de los pacientes, en la actividad de los profesionales y en la sostenibilidad de las organizaciones sanitarias.
La nueva ley también apunta en una dirección estratégica para el fortalecimiento de nuestro sector. La voluntad de desarrollar un ‘Plan Protech’ es una oportunidad para reconocer e incentivar las inversiones de las compañías en España y reforzar la autonomía estratégica de un sector que realiza una importante contribución económica al país (con un valor añadido bruto de 11.600 millones de euros al PIB nacional), genera empleo cualificado (más de 55.000 puestos de trabajo directos) y mantiene una sólida apuesta por la innovación y la inversión en España (más de 264 millones de euros anuales en I+D).
Aun con este balance positivo, el inicio de su tramitación y discusión parlamentaria abre una puerta para introducir otras medidas urgentes para la viabilidad de las empresas y preservar el acceso de pacientes y profesionales a tecnologías de calidad. Es el caso de la necesaria indexación de los contratos públicos, la prestación farmacéutica y ortoprotésica al IPC, tal como sucedía hasta el año 2015. Mantener durante años contratos sin capacidad de revisión en un periodo inflacionista y de incremento de costes productivos genera tensiones que pueden afectar al abastecimiento de productos y la viabilidad y capacidad de innovación de las compañías.
En definitiva, estamos ante una oportunidad, con margen de mejora, para avanzar hacia un modelo sanitario que no solo responda a las necesidades actuales, sino que esté preparado para los desafíos próximos. Desde el Sector de Tecnología Sanitaria queremos contribuir activamente a ese objetivo, colaborando con las administraciones para que la innovación tecnológica ocupe el lugar estratégico que merece en la mejora de la salud y la calidad de vida de las personas y la generación de riqueza para el país.