Montero reta a Mato rechazando el copago en ortoprótesis, dietoterápicos y transporte no urgente

La consejera andaluza, María Jesús Montero, en el último Consejo Interterritorial que impulsó el RD 16 /2012, con sus compañeros de oposición, Rafael Bengoa y Boi Ruiz.

En el transcurso de esta reunión, Gómez ha trasladado al Ministerio "no sólo la falta de equidad de la norma en sí, sino la de algunos planteamientos específicos, como que se penalice reiteradamente a los mismos colectivos que tienen que hacer frente simultáneamente al desembolso de los medicamentos, del material ortoprotésico y del transporte sanitario". Por ello, ha reclamado, con independencia de la oposición a las medidas de copago, que "se tenga en cuenta este aspecto para establecer límites a las aportaciones de los pacientes, de forma que sea, en todo caso, sobre el conjunto y que se excepcione a determinados colectivos".

En el caso de pacientes que requieren de todos estos tratamientos, la cantidad a desembolsar por cada uno de los conceptos individualmente "haría inviable la aportación total". Así, por ejemplo, una persona que requiera de hemodiálisis para su supervivencia y a la que se le exija copago pagaría entre 1.300 euros y 7.800 euros al año en función de si es pensionista o activo, a lo que 2tendría que sumar el pago de la medicación, alrededor de diez medicamentos en el caso de la insuficiencia renal". Actualmente, en Andalucía hay más de 4.000 personas en diálisis crónica. En el caso de que una persona haya sufrido un accidente vascular cerebral, por ejemplo, y necesite rehabilitación (unos 4.000 pacientes al año en Andalucía) y medidas adicionales como silla de ruedas, andador o bastones ortopédicos, "podría tener que pagar entre 1.500 y 9.300 euros por un tratamiento de seis meses, incluido el transporte sanitario no urgente".

En el transcurso de la reunión del Comité de Prestaciones, el Ministerio de Sanidad ha anunciado a las comunidades autónomas que "va a llevar a cabo el desarrollo normativo necesario para hacer efectivo algunos aspectos del Real Decreto Ley, aunque se ha limitado a una información básica, dado que no se ha aportado ninguna documentación al respecto ni se han aclarado las dudas que han formulado los representantes de las autonomías".

Mato advierte: “Los tribunales están para eso”

Horas antes de la mencionada reunión, la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, era entrevistada en Radio Nacional de España, donde hizo un aviso a navegantes con respecto a la aplicación del RD 16/2012, advirtiendo que no descarta acudir a la justicia en el caso de las autonomías díscolas: "Los tribunales están para eso", apuntó.