Voces sindicales claman contra los recortes del Gobierno autonómico

Ana María Gilabert, secretaria de Organización, de Elecciones Sindicales y de Juventud en la Federación de Sanidad de CCOO.

EP. Murcia
Las organizaciones sindicales CSIF, Sterm-Intersindical, ANPE, Satse, UGT y CCOO, ante la aprobación de la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas, en su opinión una “agresión brutal” a los servicios públicos regionales, han expresado su “indignación” y se han movilizado para trasladársela al Ejecutivo autonómico manifestándose, este lunes, frente a las puerta del Palacio de San Esteban.

Las organizaciones sindicales aseguran que “el Gobierno regional y el Partido Popular se ceban con los empleados públicos de esta región para afrontar las consecuencias de su mala gestión de la crisis financiera actual, producto de políticas apoyadas en la especulación y el despilfarro”.

En este sentido, el sindicato Sterm-Intersindical, manifiesta su indignación ante el “golpe de Estado social” ejecutado a traición por el Partido Popular. Y es que, apuntan, “sólo la movilización puede frenar el desmantelamiento del Estado de Bienestar y el retroceso de nuestros derechos”.

Señala que este recorte además de suponer un importantísimo retroceso en las condiciones de trabajo de los empleados públicos y en la calidad del servicio público que prestan, constituye un “atentado” al derecho a la negociación colectiva. “Con estas medidas se van a engrosar las listas del paro: miles de trabajadores de la Educación, la Sanidad, la Política Social y del resto de servicios gestionados por la comunidad autónoma, van a perder sus puestos de trabajo”, lamentaron.

Nulidad de la proposición

La citada proposición de Ley se aprueba, según han precisado las mismas fuentes, “en un pleno que se ha saltado el procedimiento de convocatoria que regula la propia asamblea, por lo que podría declararse nulo”.

Aunque el texto definitivo modifica, gracias a la presión ejercida en la calle, la reducción de los 175 euros al profesorado, dejándola en 75, el resto de recortes de derechos –han recalcado–, quedan como estaban.

Es decir, incrementan la jornada laboral semanal de 35 a 37,5 horas, reducen el salario al personal docente desde el 1 de enero de 2011, suspenden la retribución del acuerdo del 30 por ciento homologación salarial con el personal del SMS (15 por ciento del 2010 y el 15 por ciento del 2011) y reducen el salario del personal en baja médica, desde el primer día, un 25 por ciento.

Asimismo, eliminan el Plan de Acción Social para todo el personal empleado público, se suspende la Oferta de Empleo Público (OPE) en todas las administraciones públicas, o dejan abierta la posibilidad de la “redistribución de personal”, con movilidad geográfica y funcional continua y permanente, incluso fuera del destino propio.