Redacción Médica
16 de julio de 2018 | Actualizado: Lunes a las 08:50

Vecinos de Salamanca y Palencia llevan el cierre de los PAC a la Defensora del Pueblo

Más de quinientos ciudadanos han reclamado por la supresión de este servicio

Lunes, 04 de marzo de 2013, a las 12:34

Redacción. Valladolid
Más de medio millar de vecinos de las localidades de Villarino de los Aires (Salamanca) y Barruelo de Santullán (Palencia) han presentado quejas ante la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, por los cierres de urgencias y Puntos de Atención Continuada (PAC).

Soledad Becerril, Defensora del Pueblo.

En concreto, según el Informe Anual de 2012 que ha presentado la Institución, 320 ciudadanos reclaman por la supresión, en el municipio de Villarino de los Aires (Salamanca), del punto de atención continuada y destacan que este municipio dista más de 30 minutos en medios habituales de locomoción del Centro de Salud de la zona básica.

Asimismo, en el apartado de expedientes agrupados por un número significativo de ciudadanos que han presentado sus quejas, se recogen las protestas de 187 habitantes de Barruelo de Santullán (Palencia), municipio que en 2010 contaba con una población de 1.400 habitantes, por la supresión de guardias médicas en su localidad, que dista 14 kilómetros del servicio de urgencias más próximo.

El informe de la Defensora señala que en el último año han sido motivo de queja la supresión o cierre en horario nocturno de estos puntos de atención continuada (PAC) de municipios de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura, la insuficiente dotación de personal en centros de salud o problemas para la asistencia sanitaria en poblaciones limítrofes entre comunidades.

Por otro lado, y también en el ámbito sanitario, el Informe de la Defensora del Pueblo señala que se han agrupado las quejas de 175 reclamantes, entre los que se encuentran diversos colegios oficiales de médicos, organizaciones sindicales, asociaciones, un elevado número de profesionales, una plataforma cívica y un número considerable de ciudadanos, a título particular, que solicitan la interposición de recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.