Redacción Médica
21 de septiembre de 2018 | Actualizado: Jueves a las 22:05

Urkullu aplicará el copago farmacéutico

El gobierno de Patxi López aprobó un decreto que lo dejaba sin efecto

Martes, 15 de enero de 2013, a las 22:21

Redacción. Vitoria
El portavoz del Gobierno, Josu Erkoreka, ha anunciado que el Ejecutivo regional va a aplicar el copago farmacéutico en el País Vasco porque no tiene "margen" legal para que esta regulación siga sin efecto en la comunidad autónoma.

El lehendakari Iñigo Urkullu.

Esta medida, decretada por el Gobierno de Mariano Rajoy, entró en vigor el pasado 1 de julio, pero el Gobierno del socialista Patxi López aprobó un decreto que lo dejaba sin efecto en el País Vasco El Tribunal Constitucional dejó en suspenso este decreto el pasado mes de julio, aunque el anterior Gobierno vasco socialista no tuvo en consideración está decisión judicial y continuó sin aplicarlo.

El pasado día 17 de diciembre el Constitucional en un auto decidió que el Gobierno vasco debía implantar esta medida, pero avaló la decisión del Ejecutivo autonómico de dar asistencia sanitaria a los inmigrantes sin papeles. El Gobierno de Iñigo Urkullu encargó un informe jurídico para analizar este auto, fruto del cual ha tomado la determinación de asumir la aplicación del Copago. En la comparecencia posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, su portavoz ha explicado que el Departamento vasco de Salud está trabajando en el sistema informático para ponerlo en marcha.

"La suspensión del Tribunal Constitucional no deja otro margen", ha reconocido Erkoreka, quien ha precisado que "no será de hoy para mañana" porque la adecuación del sistema precisa de varios meses, con la previsión de que pueda estar operativo antes de final de año.

En virtud de este sistema, una vez que se culminen los trámites necesarios, en el País Vasco los pensionistas pagarán, con carácter general, el 10 por ciento de los fármacos, con unos límites de entre 8 y 60 euros mensuales. Los trabajadores con renta por encima de 18.000 euros pagarán el 50 por ciento y los que estén por debajo seguirán abonando el 40por ciento, mientras que aquellos con más de 100.000 euros, el 60 por ciento. La aportación de los funcionarios será del 30 por ciento y estarán exentas la renta mínima de inserción y parados sin prestación.