UPyD pide que Castro explique cómo atiende Baleares a los pacientes desplazados

Juan Luis Calbarro.

Redacción. Mallorca
Tras la reciente polémica por posibles desatenciones en el ámbito sanitario en varias regiones a ciudadanos trasladados de otras comunidades autónomas, Juan Luis Calbarro, líder de UPyD en Baleares ha reclamado que la consejera de Salud, Familia y Bienestar Social, Carmen Castro, explique en el Parlamento “qué constancia tiene el Govern de que se produzcan estos desajustes y, en su caso, qué medidas va a tomar para evitarlos”.

Calbarroha manifestado que “no tiene sentido que esté descentralizada una competencia que, como se demuestra, pierde calidad si falta la coordinación” y ha criticado que “de momento, ni el PP ni el PSOE han asumido este urgente reto”.

El líder de UPyD en Baleares ha llamado la atención en un comunicado sobre el hecho de que Baleares sea una de las comunidades autónomas con las que se ha puesto en contacto el Ministerio de Sanidad para buscar solución a las dificultades que algunos pacientes desplazados encuentran para ser atendidos por la administración sanitaria, como denunció el pasado martes el Defensor del Pueblo.

Calbarro UPyD ha recordado que los consejeros de sanidad de Cataluña, Valencia, Baleares, Murcia, Andalucía, Madrid, Canarias y Aragón han recibido una carta de la propia ministra Pajín, en la que les pregunta por los mecanismos de cada comunidad para garantizar el cumplimiento de la normativa sanitaria, que exige que las comunidades se coordinen para ofrecer las mismas prestaciones a todo ciudadano con independencia de dónde residan.

Calbarro ha “aplaudido” la apertura de una investigación de oficio sobre esta cuestión por parte del Defensor del Pueblo, solicitando que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) adopte los acuerdos necesarios que permitan garantizar en todos los casos el derecho de los ciudadanos a las prestaciones sanitarias, con independencia del lugar del territorio nacional en el que se encuentren.

Calbarro ha reivindicado “la necesidad de que las competencias en sanidad, al menos las básicas, retornen al estado, para racionalizar su coste y para garantizar la equidad en el servicio a todos los ciudadanos”.