Redacción Médica
20 de julio de 2018 | Actualizado: Viernes a las 18:30

La Junta tendrá que readmitir a cientos de empleados públicos

Los sindicatos elevan la cifra a 700 trabajadores, sanitarios locales, mientras que la Junta asegura que no llegan a los 400

Lunes, 27 de enero de 2014, a las 22:24
Redacción. Toledo
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha dado la razón a los sindicatos contra la decisión de la Junta desuprimir unas 700 plazas de empleados públicos, de las que unas 400 estaban cubiertas por interinos, y ordena que vuelvan a su puesto de trabajo y que se les abone el dinero dejado de percibir.

En la sentencia,  se estiman los recursos de UGT y STAS contra las órdenes de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha de agosto de 2012 por las que se modificaron la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Funcionario de la Junta y la Relación de Puestos de Trabajo en la Escala de Sanitarios Locales en las especialidades de Farmacia y de Veterinaria.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal obliga a que los interinos despedidos vuelvan a sus plazas y, además, vean reconocidas las retribuciones que hubiesen cobrado de no haber sido despedidos. Los sindicatos recurrieron alegando que se había vulnerado el principio de negociación colectiva, con lo que se había violado el derecho constitucional a la libertad sindical, al no existir una negociación real y convocarse la Mesa Sectorial como un “trámite”.

El fiscal entendió vulnerado el derecho a la libertad sindical y apreció «conducta antisindical» en la acción de la Junta, por lo que solicitó que se estimaran los recursos.

El TSJ expone que, aunque en la Administración no está obligada a llegar a acuerdos durante la negociación, el derecho de los sindicatos a la negociación “no se satisface sin más con la apertura del proceso negociador y con la celebración de reuniones carentes de contenido real, ni se puede negar, obstaculizar o desvirtuar el ejercicio de dicha facultad negociadora, según palabras del Tribunal Constitucional”.

Según los jueces, a los sindicatos se les dio poco tiempo para preparar la reunión y no se les dio ocasión de alegar o exponer razones que pudieran ser atendidas, lo que pone de manifiesto “la ausencia de una real negociación con posibilidad de ser eficaz”. La sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, impone el pago de las costas a la Junta de Comunidades.

La Junta interpondrá recurso de casación

En este sentido, la Junta ha anunciado la interposición de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, tras conocer la sentencia. La Junta ha señalado que no comparte la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCM y ha añadido que "podría hacer inútiles todos los esfuerzos realizados por los ciudadanos, que han permitido estabilizar las finanzas de nuestra Administración y garantizar los servicios sociales, la educación y la sanidad a los castellano-manchegos".

Asimismo, recuerda el "clima de tensión" en el que se desarrolló esta negociación, "llegando a requerir la intervención de agentes de seguridad para garantizar la continuidad de la reunión, tras los capítulos violentos que se producían en el exterior". Además, indica que el escrito de conclusiones emitido por el Ministerio Fiscal del pasado 25 de octubre de 2013 ya señalaba que los indicios apuntados por los sindicatos "no habían sido acreditados o no tenían la suficiente entidad para concluir en la vulneración del derecho fundamental denunciado".