Redacción Médica
26 de septiembre de 2018 | Actualizado: Miércoles a las 13:00

Suprimir la colegiación obligatoria supondría reducir 3.300 millones del PIB

Enfermería es la única que se sale de las alegaciones comunes de los colegios sanitarios apostando por las incompatibilidades con el sector de las aseguradoras

Lunes, 23 de septiembre de 2013, a las 19:18

J. Leo / E. Ortega / Redacción. Madrid
La falta de control al suprimir la colegiación de 616.000 profesionales que serían los afectados por la nueva Ley de Colegios Profesionales podría suponer una reducción en el Producto Interior Bruto (PIB) de 3.317 millones de euros en cinco años, resultado de la afectación principal en consumo e inversión, según indica Unión Profesional en las alegaciones conjuntas a dicha ley presentadas por 35 consejos generales ante el Ministerio de Economía y Competitividad.

Carlos Carnicer, presidente de Unión Profesional.

Este lunes ha finalizado el plazo establecido por el Gobierno para la remisión de las alegaciones al Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales aprobado el 2 de agosto en Consejo de Ministros. Según ha reiterado Carlos Carnicer, presidente de UP, “no se han tenido en cuenta las consecuencias que la liberalización de los servicios profesionales tiene en la defensa de los derechos de los ciudadanos”. Carnicer destaca que “se trata de un sector de dinámica diferente a otros mercados por lo que no tenerlo en cuenta lleva a un planteamiento de base errónea”.

El documento de alegaciones de UP gira en torno a tres cuestiones: la colegiación, la interlocución y la autorregulación. En lo que afecta al sector sanitario, los dos primeros puntos se defienden, aunque no son prioritarios para los profesionales del sector. Las tres profesiones mayoritarias en sanidad están a favor de la colegiación obligatoria (que, en un principio, se mantendrá para médicos, enfermeros y farmacéuticos), y se mantiene una posición neutra respecto a la interlocución, ya que Medicina y Enfermería ya cuentan con foros de diálogo directos con la Administración y Farmacia está en vías de constituirlo.

No a la tutela del Estado

La autorregulación sí se encuentra entre los puntos destacados de las alegaciones sanitarias.  La función de control que se otorga a las Administraciones Públicas supone “una injerencia en estas organizaciones de la sociedad civil, convirtiéndolas en un órgano administrativo inferior y subordinado al correspondiente Departamento o Ministerio y quebrando su imprescindible independencia”, indican las alegaciones de la UP.  Además, “los supuestos que legitiman la intervención de la Administración de tutela (insuficientemente descritos) son completamente desproporcionados a las consecuencias o efectos como es la disolución de la Junta de Gobierno, lo que vulnera el principio democrático”, añaden.

Máximo González Jurado, presidente del CGE; Carmen Peña, presidenta del Cgcof; y Juan J. Rodríguez Sendín, presidente de la OMC.

Enfermería, a favor de las incompatibilidades

Aparte de estos tres puntos, los Consejos Generales de médicos (OMC), enfermeros (CGE) y farmacéuticos (Cgcof) han hecho hincapié en sus alegaciones a la cuestión de la territorialidad, defendiendo que el profesional se colegie en la provincia donde ejerce la mayor parte de su actividad. La discordia llega con la cuestión de las incompatibilidades incluida en el anteproyecto aprobado por Economía. Mientras OMC y Cgcof están en contra de incompatibilizar cargos colegiales con puestos de responsabilidad en, por ejemplo, aseguradoras, el CGE sí apoya esta medida como requisito para implantar la colegiación obligatoria y garantizar la transparencia de de los directivos colegiales.

Los psicólogos también piden la colegiación obligatoria

Por otra parte, en nombre del colectivo de los psicólogos, el colegio de la Región de Murcia ha demandado que se “les reconozca como profesión de obligada colegiación” en el Anteproyecto de Ley para que la Psicología "sea equiparable a las demás profesiones que, como la nuestra, son sanitarias". "No estar dentro de esta regulación generaría consecuencias muy graves dada la especial trascendencia y sensibilidad de las actuaciones que realiza un psicólogo, muchas de ellas idénticas a las realizadas por otras profesiones sanitarias recogidas en ese Anteproyecto, tanto dentro del ámbito sanitario como forense", destacan.