Solo tres excluidos del SNS formalizan su situación

Redacción. Madrid
El Ministerio de Sanidad estableció en el Real Decreto 16/2012 que aquellos que no cumpliesen las condiciones de asegurados o beneficiarios del Sistema Nacional de Salud deberían suscribir unos “convenios especiales” cuyas cantidades se fijaban el pasado mes de julio (RD 573/2013) para entrar en vigor el 1 de septiembre. Hasta el momento, solo tres ciudadanos los han solicitado (uno en Canarias y dos en Murcia).

La ministra de Sanidad, Ana Mato.

La Consejería de Canarias es de los pocos departamentos autonómicos que admiten haber recibido solicitudes de inmigrantes ilegales o rentistas (rentas superiores a 100.000 euros anuales), dos de los colectivos que están llamados a suscribir dichas pólizas según la orden ministerial. Apuntan que hay “pocas solicitudes” y que solo una ya se ha tramitado y está pendiente de “pasar por Tesorería para formalizar el pago de la primera cuota”. En Murcia, el departamento que lidera María Ángeles Palacios habla de dos peticiones. Son las únicas comunidades autónomas que certifican que el proceso está en marcha. El resto, han elaborado programas propios de atención al inmigrante irregular (Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid, Cantabria, Galicia y País Vasco); se han declarado en rebeldía con el 16/2012 (Andalucía); o no tienen claro por qué camino tirar si bien se decantan por la “universalidad”, como declara la Consejería de Salud de Cataluña. 

Resoluciones, instrucciones y decretos autonómicos

Desde que el 16/2012 vio la luz, ciertas comunidades autónomas han desarrollado programas propios. En octubre de 2012, La Consejería gallega de Sanidad daba luz verde al ‘Programa gallego de Protección Social de la Salud Pública’, al que se han acogido hasta el momento 1.411 personas que presentan el preceptivo documento (con validez de un año) cuando precisan asistencia. En este mismo ámbito (la salud pública) se enmarca también la instrucción que emitía la Dirección General del Servicio Extremeño de Salud el pasado mes de julio, el ‘Programa de Atención Sanitaria de Seguimiento’, materializado en un tipo de tarjeta provisional “identificativa, temporal y renovable” que garantiza la asistencia a inmigrantes específicamente. Y en la misma línea se encuentra el programa llevado a cabo por las consejerías cántabra (mediante un documento acreditativo) y vasca (con una tarjeta sanitaria especial). Las cuatro iniciativas tienen como requisito fundamental que el interesado cuente con un certificado de empadronamiento que sea de al menos un año, el requisito que formula el Ministerio de Sanidad.

El Servicio Madrileño de Salud no cuenta con cifra oficial de las pólizas demandadas desde el 1 de septiembre, si bien explica que ordenó que no se cobrase la asistencia a los inmigrantes ilegales “que ya habían iniciado tratamiento” y tampoco a aquellos sometidos a terapias “de salud pública que fueran inferiores a un año”.

Por su parte, la Comunidad Valenciana está culminando en la actualidad la tramitación del proyecto de decreto para regular “el convenio especial de prestación de asistencia sanitaria”. De las consejerías restantes, la mayoría se adhieren al programa dictado por el Ministerio de Sanidad y aseguran no tener aún datos oficiales sobre el número de adhesiones al mismo, es el caso de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón y La Rioja. Asturias y Baleares no han respondido a los requerimientos de este periódico.

Navarra se hace cargo de las nuevas tasas

Redacción Médica no ha podido recabar datos actualizados del departamento que lidera Marta Vera, si bien es reseñable la opción que la consejera navarra hacía pública el año pasado para salvaguardar la asistencia de los no asegurados ni beneficiarios: habilitar una línea de ayudas desde el Departamento de Políticas Sociales para sufragar íntegramente las cuotas establecidas por el Servicio Navarro de Salud. En un cálculo inicial, Vera estimó que serían 1,68 millones de euros anuales la cantidad necesaria para atender a los 2.150 inmigrantes en situación irregular (mayores de 18 años) residentes en esta comunidad.

El Ministerio propone cuotas de entre 60 y 157 euros

La norma (aparecida en el BOE del día 27 de julio) modifica el RD 1192/2012 que regulaba la condición de asegurado y beneficiario de la asistencia sanitaria gratuita en nuestro país. El dictamen ministerial exige que para poder suscribir la póliza es necesario acreditar la residencia de los doce meses anteriores a la solicitud, contar con un padrón y “no tener acceso a un sistema de protección sanitaria pública por cualquier otro  título, ya sea por aplicación de la normativa nacional, de los reglamentos comunitarios en materia de Seguridad Social o de los convenios bilaterales que en dicha materia hayan sido suscritos por España con otros países”. Los precios son dos: si el suscriptor tiene menos de 65 años, cuota mensual de 60 euros; si tiene esa edad o la supera, 157 euros. El RD también contempla que estas cantidades pueden ser incrementadas en función de la cartera suplementaria, a decisión de cada comunidad autonóma y que ha de revisarse según “la evolución del coste de las prestaciones de la cartera común básica de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud”, mediante orden del titular del Ministerio de Sanidad.