18 nov 2018 | Actualizado: 13:10
Miércoles, 25 de enero de 2012, a las 12:33

Alejandro Laguna, secretario general de Satse-Castilla La Mancha.

Redacción. Toledo
La Federación de Sindicatos de Educación y Sanidad (FSES), integrada por ANPE y Satse, ha presentado alegaciones al proyecto de Ley de Medidas Complementarias del Plan de Garantías de Servicios Sociales, cuyo trámite se ha iniciado en las Cortes de Castilla-La Mancha para su aprobación.

En el documento, registrado en las Cortes y dirigido al presidente del Parlamento, Vicente Tirado, y a los dos Grupos Parlamentarios, FSES expone su rechazo al texto del proyecto de Ley tal y como se ha presentado, porque no garantiza que los esfuerzos que se exigen a los empleados públicos “y que suponen un importante retroceso en las condiciones laborales” vayan a servir para el objetivo que tiene la Ley, ha informado esta federación en nota de prensa.

FSES quiere hacer llegar a quienes han de votar el Proyecto de Ley sus aportaciones con el fin de mejorar el texto, ya que “las medidas que se pretenden implantar no responden al conocimiento riguroso de los errores de gestión cometidos por la anterior Administración, ni se orientan a corregir el desequilibrio de los recursos humanos, ni a propiciar la distribución racional de los recursos profesionales”.

Para estos sindicatos, “en aras a la reducción de déficit, se acometen verdaderos recortes que comprometen la calidad de esos servicios públicos esenciales, siendo especialmente significativos los que se van a aplicar en Educación y Sanidad”.

Rechaza que el texto no haga referencia a la transitoriedad de las medidas

FSES ha rechazado igualmente que en el texto no se haga referencia a que estas medidas “son estrictamente transitorias”, mientras se resuelve esta “grave situación económica”, y que tampoco se apunte “cuándo podrían restituirse los derechos que ahora se recortan”, por lo que pide que se haga constar expresamente en la Ley el carácter transitorio de las medidas.

Asimismo, ha considerado que en la definición de las medidas ha faltado “imaginación para evitar mantener como paganos, e incluso responsables de los propios ajustes, a quienes en modo alguno han sido causantes de esta crítica situación”.

Por ello, en sus aportaciones al texto, FSES ha incluido el mantenimiento de la jornada semanal de 35 horas, “puesto que el incremento a 37,5 horas va a suponer la reducción del número de empleados públicos, especialmente temporales, y cuando en algunas categorías de personal como es el caso de Enfermería son deficitarias en efectivos”.