Sanidad, distribución y profesionales, contra el ‘cataloguiño’

Redacción. Madrid
La aprobación en el Parlamento Gallego de la Ley 12/2010 de Racionalización del Gasto en la Prestación Farmacéutica es una medida “anticonstitucional” y “discriminatoria” que “supone una ruptura de la cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS) y vulnera el principio de igualdad de acceso a los medicamentos”, según afirman los responsables de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria (Sefac).
 

María Jesús Rodríguez, presidenta de Sefac.

Esta nueva norma autonómica contempla la implantación de un catálogo priorizado de medicamentos en la comunidad gallega que supondrá la exclusión de la financiación por parte del Servizo Galego de Saúde (Sergas) de medicamentos que sí se prescriben y dispensan en otras comunidades de España en el ámbito del SNS.

Para Sefac, el catálogo, que será aprobado en el Consello de la Xunta este jueves, 30 de diciembre, es “un atentado contra la libre prescripción médica” y convierte a los gallegos en “ciudadanos de segunda”, teniendo en cuenta que se les impedirá el acceso a todos los medicamentos incluidos en el Nomenclator oficial del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, desde donde ya han anunciado que se está analizando la ley gallega para "ver qué contiene" y determinar si "invade competencias" del Estado.

En este sentido, los farmacéuticos comunitarios subrayan que las comunidades autónomas pueden aprobar sus respectivas carteras de servicios, pero siempre incluyendo, cuanto menos, la cartera de servicios del SNS. Es decir, “pueden ampliarla pero nunca recortarla”, puntualizan. Por otra parte, desde Sefac también vaticinan “importantes pérdidas económicas y de empleos”, tanto en la industria farmacéutica como en las oficinas de farmacia.

Las distribuidoras se unen a las críticas
 

Antonio Mingorance, presidente de Fedifar.

Contra esta medida también se ha manifestado la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar) quienes aseguran que habrá pacientes que no puedan seguir su tratamiento actual porque su medicamento quedará fuera del catálogo de financiados. A cambio, los pacientes recibirán un medicamento alternativo que podría cambiar cada dos meses. Este cambio, afirman desde Fedifar, "compromete la adherencia a los tratamientos, sobre todo en los mayores polimedicados". Además, según los distribuidores, existe un "serio riesgo" de desabastecimiento de fármacos si entra en vigor la norma, ya que ésta no recoge plazos de aplicación del catálogo, situación que reduce el margen de maniobra a los almacenes necesario para garantizar el suministro del mercado.