No acepta que, mientras se negocia, se ignoren “hechos graves”



13 mar. 2014 16:10H
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Redacción. Barcelona
Satse y la patronal del sector sanitario privado ACES han emulado la reciente acción del también sindicato Metges de Cataluña (MC) y se han desmarcado del Pacto Nacional de Salud catalán por considerar, en el caso del primero, que tan solo responde a una “declaración formal que no afronta los problemas desde la raíz” y que está dirigido a preservar y justificar las decisiones políticas erróneas de los últimos años, según ha señalado en un comunicado la propia organización enfermera.

Por su parte, la Junta Directiva de la Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES), patronal del sector sanitario privado en Cataluña, también ha decidido por unanimidad no adherirse al Pacto. El motivo de la imposible asunción institucional por parte de ACES ha sido la negativa de la Comisión de aceptar la enmienda que hace referencia a la aplicación de una normativa reguladora de la provisión de actividad privada dentro de los centros del Siscat (Sistema Sanitario Integral de Utilización Pública de Cataluña).

Montse Peña, secretaria general autonómica de Satse en Cataluña.

Después de que MC hiciera público este miércoles que se sumaba a las deserciones del pacto iniciadas por ICV-EUiA, CUP, UGT y CCOO, el sindicato enfermero Satse ha explicado que se ha mantenido en la mesa de negociación hasta el último momento por “compromiso con la profesión y la ciudadanía”.

De todas formas, considera que en el pacto “no hay una voluntad real de encontrar nuevas soluciones, ya que las decisiones se están tomando en la práctica de forma unilateral y en paralelo”.

El sindicato ha tachado de “vergonzoso” que, por un lado, se esté trabajando con los agentes sociales para llegar a un documento que siente las bases del futuro sistema sanitario, y, al mismo tiempo, se vayan sucediendo hechos graves que no se recogen en el documento.

En este sentido, ha apuntado al acuerdo del Consejo Ejecutivo que inicia, tal como le ve Satse, la “desmembración” del Instituto Catalán de la Salud (ICS), la reducción del presupuesto sanitario en los últimos años y la expiración del convenio colectivo del sector concertado sanitario. A su juicio, la firma de este documento sería “dar el visto bueno a las decisiones pasadas y futuras de un Gobierno que pretende deshacerse de la sanidad pública”.

En cuanto a ACES, su presidenta, Cristina Contel, ha considerado que “el hecho de que en un documento, aunque sea de “bases”, se pueda contemplar la posibilidad de que entidades públicas puedan realizar desde sus instalaciones y con recursos humanos y materiales públicos, actividad sanitaria privada, resulta del todo inadmisible. No hacerlo de este modo, daría carta de naturaleza a la elaboración de una normativa reguladora de la provisión de actividad privada desde centros del Siscat”.

Contel ha remarcado “la actividad sanitaria privada no debe ser susceptible de regulación excepcional por parte del Departamento de Salud, y sólo hay que ejercer sobre ésta los mecanismos de seguimiento y control propios de la tutela de la prestación de actividad de cualquier actividad empresarial y sanitaria. No es de su competencia ni la regulación de precios, ni definir prestaciones en el ámbito de los servicios privados”.

En este sentido, la presidenta de la patronal recuerda que “realizar actividad sanitaria privada desde entidades sanitarias públicas, supone una alteración del libre mercado que conlleva una clara y evidente competencia desleal. Esta misma razón llevó a ACES a pedir la clarificación y enmienda de la Ley del ICS y así fue aceptada por el Gobierno y por el Parlamento de Cataluña. Así mismo, las empresas públicas no están contempladas ni legal, ni éticamente, para ofrecer mejores servicios a quien tenga dinero para pagarlos, eludiendo las listas de espera y dando condiciones superiores de confort por encima del resto de ciudadanos”.

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