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Sanitas y Ribera Salud buscan una salida discreta ante el fracaso de la externalización

Muestran su disposición para abordar con la Consejería de Sanidad los trámites para resolver la situación

Miércoles, 29 de enero de 2014, a las 13:01
Redacción. Madrid
Sanitas y Ribera Salud, dos de las compañías que resultaron adjudicatarias en el proceso de externalización de la gestión de los hospitales madrileños, han rehusado profundizar en el análisis de la resolución adoptada por la justicia y la consiguiente paralización decidida por la Comunidad de Madrid. Sin embargo, ambas compañías sí han remarcado su respeto por la decisión y han señalado que se encuentran a la espera de abordar con la Consejería de Sanidad madrileña los trámites para resolver la situación. Hay que recordar que las empresas adjudicatarias tuvieron que depositar un aval, que fue diferente para cada una de ellas: casi cuatro millones en el caso de Sanitas y en torno a doce en el de Ribera Salud.

Iñaki Ereño, consejero delegado de Sanitas (izq.), y Alberto de Rosa, consejero delegado de Ribera Salud.

Según ha podido constatar Redacción Médica, Sanitas ha decidido tomarse con cierta calma los pasos a dar después de esta decisión. El grupo, al que inicialmente se había adjudicado el Hospital del Henares, no ha iniciado la ronda de reuniones en las que se analizará con detenimiento la situación para posteriormente establecer la estrategia a seguir.
 
Desde Sanitas se considera “una pena” que el proyecto no haya culminado, pero consideran que era algo que estaba dentro de lo posible y que otros asuntos como la OPA para adquirir más del 50 por ciento del grupo chileno Cruz Blanca Salud son ahora prioritarios. No obstante, en próximas fechas se determinará si se puede pedir algún tipo de indemnización y los pasos a dar para recuperar los casi cuatro millones de euros depositados como aval cumpliendo con los requisitos para la adjudicación.

Por su parte, Ribera Salud ha preferido mantener un perfil bajo y ha señalado que se encuentra a la espera de concretar con la Consejería los trámites administrativos para la ejecución de la decisión, al tiempo que ha mostrado su “voluntad de colaboración con la Administración Pública”.

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