Redacción Médica
22 de septiembre de 2018 | Actualizado: Sábado a las 15:35

Sanidad garantiza que la directiva europea del tabaco no destruirá empleos

Las comunidades ‘díscolas’ abogan por encontrar el “equilibrio necesario” entre la protección de la salud y la defensa de este ámbito que en España ocupa a 56.000 personas

Viernes, 17 de mayo de 2013, a las 16:12

Redacción. Madrid
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha garantizado que la reforma de la actual directiva europea sobre el tabaco no contempla “nada que perjudique a productores ni empaquetadores” y que, si así fuese, sería el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente el que presentaría una alegación a la norma comunitaria.

Imagen de los presidentes autonómicos durante la firma de la declaración institucional contra la reforma de la directiva europea.

La afirmación viene como respuesta a la declaración institucional firmada este viernes por las comunidades de Cantabria, La Rioja, Extremadura, Canarias y Andalucía de “apoyo unánime” al empleo y a la actividad en el sector del tabaco en España frente a las “graves consecuencias” que podría provocar en él la revisión de la normativa comunitaria que en estos momentos está planteando la Unión Europea.

Ignacio Diego, presidente de Cantabria y anfitrión del encuentro, ha abogado en esta línea por encontrar el “equilibrio necesario” entre la protección de la salud y la defensa de este ámbito que en España ocupa a 56.000 personas. A su juicio, esta iniciativa conjunta de seis comunidades es un “ejercicio de responsabilidad” en un momento de  dificultad económica como el actual en el que el país necesita crear empleo y actividad, no al contrario.

En la declaración, las autonomías se comprometen a “favorecer la existencia de una industria tabaquera totalmente transparente, que tenga más en cuenta los derechos de los consumidores”, y comparten “plenamente” los objetivos de protección de la salud. No obstante, llaman a “reconsiderar” tanto al Gobierno español como al europeo las potenciales consecuencias negativas que algunas de las medidas incluidas en la Directiva pueden tener en el desarrollo de sus respectivos territorios.

Consultados por esta petición, desde el gabinete de Ana Mato han recalcado su predisposición al diálogo con las autonomías firmantes.