País Vasco mantiene su vacunación de hepatitis B infantil porque “en el Interterritorial no se firmó ni se votó nada”

El consejero vasco de Sanidad, Rafael Bengoa, y el viceconsejero Jesús María Fernández.

Tal y como adelantó Redacción Médica, País Vasco es una de las siete autonomías (Baleares, Canarias, Cataluña, La Rioja, Murcia y Navarra) que ‘chocan’ con el plan propuesto por la ministra Ana Mato de administrar dicha profilaxis tras el parto, a los 2 y 4 meses, ya que estos servicios de salud lo aplican a partir de los 2 meses, siendo la última y tercera dosis a los 6 meses (la segunda, a los 4 meses). Imponer las cohortes de edades ministeriales supondría un gasto logístico hospitalario que la autonomía que dirige Patxi López parece no estar dispuesta a afrontar. Por otro lado, el informe técnico del Consejo Asesor vasco resalta los buenos resultados obtenidos en los 12 años de experiencia acumulados, en los que ningún recién nacido ha sido diagnosticado con hepatitis B, y resalta que la pauta vasca pemite administrar seis antígenos "en la misma visita y en un solo pinchazo", mientras que introducir la dosis en el recién nacido supone "añadir un nuevo pinchazo sin ninguna ventaja adicional".

Fuentes de la Consejería de Sanidad vasca aseguran que el Ministerio ya conoció sus inquietudes en la reunión de la Comisión Delegada, liderada por Fernández y previa al Consejo Interterritorial. Tras esta cita, decidieron encargar un informe al Consejo Técnico Asesor de Vacunaciones de Euskadi, culminado el 27 de febrero y con el que Bengoa viajó a Madrid dos días después.

El Ministerio de Sanidad, consultado por Redacción Médica, desacredita al viceconsejero y se basa en el “acuerdo unánime alcanzado por todas las autonomías” en el último Consejo Interterritorial, afirmación rechazada por la Consejería vasca que, por su parte, recalca que en dicha reunión País Vasco manifestó sus dudas sobre el calendario, en sintonía con Cataluña y Canarias, sin motivar votación o firma alguna de acuerdo. Desde el Paseo del Prado añaden que la propuesta de unificar los tres tramos de edad obedece a “dificultades de movilidad familiar” observadas entre autonomías, si bien ambas opciones son “epidemiológicamente válidas”.