Rudi destituye al gerente del Salud

Redacción. Zaragoza
El Gobierno aragonés presidido por Luisa Fernanda Rudi ha destituido al gerente del Servicio Aragonés del Salud, Tomás Tenza, aunque ha desvinculado el cese, que se hará efectivo el próximo mes de enero, de la decisión de la Fiscalía de Castilla y León de solicitar para él 6 meses de cárcel por un presunto delito de prevaricación cuando era gerente del Hospital General Yagüe de Burgos.

Tomás Tenza.

Así lo han asegurado fuentes del Ejecutivo regional, que han asegurado que la destitución le fue comunicada a Tenza a primeras horas de la tarde de ayer por el consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, un día antes de hacerse pública la decisión de la Fiscalía. Según estas fuentes, Oliván comunicó a Tenza que valoraba la gestión que había realizado pero que no estaba de acuerdo con la imagen de la sanidad a nivel público y con la suma de informaciones negativas "perturbadoras" para el servicio.

Las fuentes citadas ha añadido que desde el Departamento de Sanidad se considera "impoluta" la labor desarrollada por Tenza desde que asumió el cargo, pero han insistido en el malestar que había causado la ausencia de informaciones respecto a los "logros y avances" conseguidos en la sanidad y la suma de noticias que incidían de forma negativa en el servicio.

La decisión se hace pública un día después de que hacer pública la Fiscalía de Castilla y León Fiscalía de solicitar seis meses de cárcel y 10 años de inhabilitación para Tenza por la presunta comisión de delitos de prevaricación y contra la integridad moral, que habría cometido cuando era gerente del hospital General Yagüe de Burgos.

El fiscal superior de Castilla y León, Manuel Martín Granizo,que afirmó a Efe que la imputación responde a una denuncia del jefe de informática del centro hospitalario, al que, según el escrito de acusación, le impedía acudir a algunas dependencias del hospital y terminó despidiéndole. El trabajador, Ricardo C., y otro funcionario presentaron en 2009 una denuncia ante la Fiscalía anticorrupción en la que relataban una serie de hechos presuntamente irregulares y ampliaron la denuncia en 2010 por un supuesto acoso laboral.

El fiscal exige también al exgerente del hospital burgalés una indemnización de 160.000 euros para el denunciante y señala a la Junta de Castilla y León como supuesta responsable civil subsidiaria.