Ricard Gutiérrez cobró del Sant Pau durante siete años sin trabajar en el centro

Redacción. Barcelona
La investigación llevada a cabo por la Guardia Civil ha confirmado la existencia de irregularidades en la política de contratación del Hospital Sant Pau de Barcelona. Dicha investigación, que está enmarcada en la causa del centro relacionada con la realización de contratos ficticios, la relación patrimonial entre las tres fundaciones que lo conforman y el sobrecoste del nuevo hospital, ya está en manos del juez y en ella se implica, entre otros, al vicepresidente de la Organización Médica Colegial (OMC) y ex-gerente adjunto del centro, Ricard Gutiérrez, que habría percibido un sueldo durante siete años cuando ya no trabajaba en el hospital.

Ricard Gutiérrez, ex-gerente adjunto del Hospital Sant Pau.

Según ha informado el diario ‘El País’, que ha tenido acceso al atestado enviado al juez por parte del Grupo de Delincuencia Económica y tecnológica de la Guardia Civil, el resultado obtenido tras la investigación viene a confirmar la denuncia de la Asociación Profesional de Enfermería (API) sobre la realización de contratos ficticios tanto a Gutiérrez como a José Ignacio Cuervo, ex-concejal en Barcelona; y María Mercè Cruells, exdirectora de Atención Ciudadana del Departamento de Salud.

En el caso de Gutiérrez, en el atestado se llega a la conclusión de que cobró durante siete años un salario de 130.000 euros anuales, una retribución que no consta en las auditorias. Además, se ha destacado que al ser despedido y hacerse cargo de su sueldo el Instituto Catalán de la Salud (ICS), se le pagó menos de la mitad de lo que percibía en el Sant Pau, lo que para la Guardia Civil demuestra que su puesto había estado “sobrevalorado económicamente”.

En cuanto a la situación de José Ignacio Cuervo, la acusación está basada en el cobro de dos sueldos, uno del Sant Pau y otro del ICS, por el mismo trabajo. A pesar de finalizar su contrato en 2011, Cuervo siguió cobrando como autónomo a cargo de la fundación patrimonial  una retribución de 49.900 euros al año por colaborar en el despliegue de un campus de excelencia y un nuevo instituto de investigación.

Por último, las pesquisas de la Guardia Civil aseguran que Cruells sí ejerció las funciones para las que había sido contratada como “facultativa colaboradora”.