19 nov 2018 | Actualizado: 19:00

PSOE y PP coinciden en que la Ley de Salud Pública debe incluir un calendario vacunal único y una red de vigilancia

El PNV defiende las competencias autonómicas en este ámbito y IU la reducción de desigualdades

Miércoles, 08 de junio de 2011, a las 00:22

Leire Sopuerta Biota. Madrid
Los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados han presentado sus enmiendas a la Ley de Salud Pública. El PSOE y el PP coinciden en su petición de que la norma incluya la creación de un calendario vacunal único y de una Red de Vigilancia en Salud Pública. También ambos partidos defienden una mayor colaboración entre el ámbito de la salud pública con la Atención Primaria.

Pilar Grande, del PSOE.

El PSOE, entre sus enmiendas, solicita que la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud incluya un calendario vacunal único. También apuesta por una Red de Vigilancia en Salud Pública que “incluirá entre sus cometidos el funcionamiento de los dispositivos necesarios para el establecimiento de los sistemas de alerta”. Apuesta también por la colaboración entre Salud Pública y Atención Primaria. Y por el acceso a las prestaciones “en condiciones de igualdad” con el fin de que la “política sanitaria se oriente hacia la superación de desequilibrios territoriales y sociales” y que “la asistencia sanitaria sea universal”.

El Grupo Socialista defiende también que las Administraciones “podrán prever de la colaboración de las oficinas de farmacia” en los programas de Salud Pública y que se evalúen los planes y programas desarrollados en este ámbito.

El PP y su apoyo a las vacunas

Ana Pastor, del PP.

Por su parte, el Grupo Popular ha presentado una enmienda en la que se solicita una cartera de servicios “básica y común en el ámbito de la salud pública, para todas las comunidades autónomas, que proporcione una oferta de calidad y unifique los criterios en la prevención de enfermedades”.

También apuesta por un calendario único de vacunas en España, “que será periódicamente revisado y actualizado. Las CCAA y las ciudades de Ceuta y Melilla sólo podrán modificarlo por razones epidemiológicas objetivables. Dicho calendario fijará, a propuesta de la Comisión Nacional de Asesoramiento Vacunal, las vacunas incluidas, la dosificación y las franjas etarias”. En esta línea propone que la vacunación sea “una herramienta preventiva prioritaria”, que las autonomías puedan “incorporar otras vacunas como prestación complementaria”, que se desarrolle un Plan de Farmacovigilancia en vacunas, y que el Ministerio promueva campañas informativas sobre vacunación, así como guías de información.

Tras demandar financiación “adecuada” para alcanzar los objetivos fijados en la norma, el Grupo Popular quiere una Red de Vigilancia en Salud Pública, “en la que participarán los servicios y los niveles asistenciales correspondientes, en particular, la Atención Primaria y los de medicina preventiva y salud pública”. También demanda una coordinación “efectiva” de las prestaciones de salud pública realizadas en Atención Primaria y Atención Especializada, así como la colaboración de las oficinas de farmacia.

Joseba Agirretxea, de PNV.

Otra de las enmiendas del PP dice que “el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad impulsará, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, el Centro de Referencia de Enfermedades Profesionales”. Y otra de ellas recoge la creación de la “Comisión Interministerial de Salud Pública, órgano colegiado responsable de la coordinación de las políticas y medidas adoptadas por los departamentos ministeriales que, sin ser necesariamente de carácter sanitario, abordan asuntos que pueden tener un impacto en la salud de la población. Tendrá como finalidad garantizar el derecho a la protección de la salud en todas las acciones del Gobierno y realizará la evaluación y seguimiento de los Planes Estratégicos de salud pública”.

El PNV y las competencias autonómicas

El PNV, por su parte, centra sus dos enmiendas en las competencias de las comunidades autónomas. Así, pide la participación de las comunidades en la acreditación de los servicios que actuarán como centro de referencia nacional en los aspectos de la identificación, evaluación, gestión y comunicación de los riesgos para la salud de la población derivados de riesgos ambientales. Y demanda que representantes de las comunidades formen parte del Consejo Asesor de Salud Pública.

Llamazares, de IU.

Izquierda Unida y las reducción de desigualdades

Mientras, Izquierda Unida apuesta por contribuir a la reducción “de las desigualdades sociales en salud e incorporarán acciones sobre sus condicionantes sociales para lo que siempre incluirán objetivos específicos al respecto y considerarán la equidad en todos los informes públicos sobre la salud de la población”. Asimismo defiende el derecho de los ciudadanos a recibir información “puntual” y demanda “transparencia” a las organizaciones científicas y a los profesionales que colaboran en actividades de salud pública.

Otra de las enmiendas apuesta por fomentar sistemas centinela para la ejecución y tramitación de diagnósticos de sospecha que provengan tanto de los sistemas públicos de salud, atención primaria y especialidades; como de los servicios de prevención, que realizan la vigilancia de la salud.