Redacción Médica
23 de julio de 2018 | Actualizado: Domingo a las 19:30

PRC insta a Diego a exigir a Rajoy que arbitre el modo para compensar la deuda histórica incluida Valdecilla

Alodia Blanco rechaza que Cantabria asuma la devolución de los 483 millones de anticipos sin reclamar los 590 adeudados por el Estado

Jueves, 19 de abril de 2012, a las 17:05

Alodia Blanco, diputada del PRC.

Redacción. Santander
El Grupo Parlamentario Regionalista instará al presidente de Cantabria, Ignacio Diego (PP), a exigir al Gobierno de España (PP) que arbitre, en un plazo de tres meses, una fórmula para compensar la deuda que el Estado tiene contraída con Cantabria, por importe de 590 millones de euros, que incluya un convenio que garantice la financiación íntegra de las obras del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Con este objetivo, la diputada Alodia Blanco defenderá en el Pleno del próximo lunes una moción que espera cuente con el respaldo unánime de la Cámara, porque responde a una “necesidad urgente e ineludible” de la Comunidad Autónoma.

Blanco ha asegurado que el Gobierno de Cantabria “no puede renunciar bajo ningún concepto” a los 590 millones adeudados por el Estado y “mucho menos” después de asumir el pago de los 483 millones que debe la Comunidad Autónoma como consecuencia de los anticipos recibidos a cuenta por la participación en determinados impuestos y que no llegaron a devengarse debido a la caída de la recaudación provocada por la crisis.

En este sentido, ha recordado que el propio presidente regional promovió en septiembre un plan para que el Estado compensara la deuda histórica liberando a la región del citado pago de 483 millones y abonando los 107 millones restantes hasta alcanzar los 590 millones adeudados.

Dicho plan contó con el apoyo de 37 organizaciones sociales y el voto a favor del PRC, por lo que Blanco ha rechazado que Diego quiera ahora “ignorarlo y olvidarlo” por el hecho de que sea el PP quien gobierna en España, cuando la Comunidad Autónoma está sufriendo “ajustes y recortes permanentes en servicios públicos básicos como la educación y la sanidad, precisamente a causa de las dificultades financieras”.

“Si el Estado nos libera del pago de los anticipos y abona los 107 millones que completan su deuda con los cántabros no serían necesarios muchos de los recortes que se están aplicando, ni un plan de sostenibilidad como el aprobado por el Gobierno cántabro y que supone, entre otras cosas, un auténtico atropello a los derechos de los trabajadores públicos”, ha explicado la diputada del PRC.