Redacción Médica
20 de julio de 2018 | Actualizado: Viernes a las 18:30
Miércoles, 16 de octubre de 2013, a las 14:28

Redacción. Valencia
El grupo parlamentario 'popular' en las Cortes valencianas ha rechazado con sus votos una proposición no de ley presentada por el PSPV-PSOE y enmendada por EUPV en la que se solicitaba revertir la privatización de las resonancias magnéticas al sistema público sanitario al considerar que es un sistema que "funciona bien".

Luis Ibáñez.

El parlamentario 'popular' Luis Ibáñez ha recordado que cuando comenzaron las resonancias "pedirla era algo casi innacesible, hoy en día se puede pedir una prueba de imagen de forma sencilla con un simple 'click'". Ibáñez considera por lo tanto que el resultado final es que "es un sistema que funciona bien, por la calidad de los informes y de los aparatos", a lo que el diputado socialista Ignacio Subías le ha recomendado que "hable con los profesionales de radiología".

Ibáñez ha insistido en que, "como funciona bien", la Conselleria de Sanidad "pone todas las medidas para sacar la máxima eficiencia". Al mismo tiempo ha manifestado que la comisión paritaria hace un estudio "exhaustivo para que este contrato salga de la mejor forma posible desde el punto de vista económico".

El diputado 'popular' ha recriminado a Subías que cuando lo hace un partido "se habla de externalización" y cuando lo lleva a cabo el PP se dice que "es privatización". De todas formas, ha agregado que la Comunitat "no es de las que más servicios tiene externalizados", en sanidad. El ciudadano tiene que ver "la calidad y la rapidez, y en estos momentos se está ofreciendo y eso es lo que me preocupa", ha resaltado.

El diputado socialista Ignacio Subías considera que la privatización de las resonancias magnéticas es uno de los temas más "bochornosos". "Precisamente hoy sale la información de que era la madre de todos los pelotazos sanitarios", ha indicado. Con este modelo, el diputado socialista considera que "se han cargado la carrera profesional en radiología porque no pueden hacer resonancias magnéticas, ya que se hacen en la sanidad privada, además de que se trata de un despilfarro en la gestión".

El PSPV, en 2008 cuando se aprobó el concurso de este servicio para 10 años, ya pidió la reversión de la gestión de las resonancias magnéticas nucleares a los servicios públicos y que dialogaran con los profesionales de radiología para llevar delante un plan tecnológico adecuado. Subías se ha referido al sobrecoste de este modelo y en que se estaban realizando más del doble de exploraciones en relación a las recomendaciones de la Sociedad Española y Valenciana de Radiología. "Predominaron los intereses particulares, el despilfarro y el descontrol", ha agregado.

17 millones de euros de ahorro

En la actualidad, una auditoría de la Sindicatura de Comptes avala las denuncias socialistas e indica que si la gestión fuera pública "se podría ahorrar hasta casi 17 millones de euros al año", ha sostenido. Además, Subías ha indicado que "simplemente con que se informaran las exploraciones, los profesionales del sistema público se podrían ahorrar hasta dos millones de euros, o que, si el contraste de las exploraciones lo asumieran los centros públicos, se ahorrarían unos 900.000 euros". Es un informe "contundente", ha añadido.

Por estos motivos, el PSPV ha instado al Consell, "por el bien de la sanidad pública", a realizar el estudio correspondiente y necesario para hacer posible la reversión de la gestión de las exploraciones de resonancias magnéticas nucleares para ser gestionadas por el sistema sanitario público y a formar un grupo de trabajo con los profesionales de la radiología de la Agencia Valenciana de Salud (AVS) para llevar adelante un plan tecnológico adecuado.

La diputada de EUPV Marina Albiol ha mostrado su "acuerdo total" con la proposición socialista porque las resonancias magnéticas privatizadas "no son más económicas", por lo que ha presentado una enmienda de adición en la que ha propuesto revertir la privatización de la gestión de servicios para la implantación de los equipos y la realización de las técnicas de diagnóstico por imagen mediante equipos de resonancia magnética para los pacientes beneficiarios de la asistencia sanitaria, "sin ningún coste adicional para las arcas públicas".

Albiol ha comentado que en la Comunitat Valenciana se hacen 37 resonancias por cada 1.000 habitantes cuando la media nacional es de 21 "ya que a más resonancias más negocio" para las empresas adjudicatarias. Además de que existe un "sobrecoste del 137 por ciento" respecto a la media nacional del precio de las resonancias, ha dicho.

Este servicio está privatizado desde el año 2000 lo que supondrá "más de 300 millones de euros de sobrecostes" cuando finalice el contrato en 2018, ha agregado y ha indicado que el PP se negó a una comisión de investigación y votaron "no a que se sepa la realidad y a depurar responsabilidades".

Por parte de Compromís, Mónica Oltra ha manifestado su voto a favor de la propuesta, aunque considera que  "hay condiciones --como la no actualización de equipos-- para rescindir el contrato por incumplimiento de las empresas adjudicatarias sin ninguna contraprestación". "Se tiene que acabar con este saqueo de las resonancias magnéticas", ha destacado.

Compatibilidades

Por otro lado, el pleno de las Corts ha aprobado por unanimidad el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados en el que no se considera a ninguno de los últimos parlamentarios que se han incorporado a la cámara valenciana en situación de incompatibilidad.

El pleno ha comenzado con la lectura del dictamen sobre compatibilidades de siete diputados, cinco del PP --María Sagrario Sánchez, Elisa Díaz, Manuel Miguel Bustamante, Miguel Zaragoza y María Rosa Roca-- y dos del PSPV --Miguel Ángel Guillén y Jordi Valentí Martínez--.

Según el dictamen, leído por el secretario primero de la Mesa de las Corts, Antonio Clemente, y que ha sido aprobado por todos los grupos parlamentarios, no se considera a ninguno de estos miembros de las Corts en situación de incompatibilidad parlamentaria de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente.