María Márquez / Imagen: Pablo Eguizábal. Madrid
Ministerio de Sanidad y consejería de Sanidad de la Xunta de Galicia han decidido que sus respectivos servicios jurídicos busquen el consenso para “evitar avanzar en litigios jurídicos”. La gran pregunta es por qué no lo han hecho antes de que el recurso de inconstitucionalidad llegase al Tribunal Constitucional (TC) siguiendo el consejo de la abogacía y el Consejo de Estado, el pasado 11 de febrero. Tras la tormenta mediática, la consejera Pilar Farjas apareció ante los medios tranquila y sonriente, reiterando que “se necesitan decisiones conjuntas”. A su lado, el secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos, quien preguntado ante una posible paralización jurídica del citado recurso se negó “a especular” y manifestó su deseo de “buscar un acuerdo que se adecúe al marco competencial de la Xunta”.
Contrarreloj hasta que el Constitucional dicte sentencia
Farjas trajo a Madrid el ahorro recién contabilizado: del 1 al 18 de febrero, el catálogo gallego de medicamentos ha propiciado que las arcas gallegas retuviesen 4.671.000 euros. “Prescripción eficiente y cien por cien de cobertura terapéutica”, así defendió la consejera su iniciativa ante las recientes acusaciones ministeriales de relegar a los gallegos como “ciudadanos de segunda”. Argumentos firmes pero sin la actitud guerrera expuesta recientemente en los medios. Farjas quiere “evitar avanzar en litigios jurídicos” y cree en la “necesidad de decisiones conjuntas”.
Al término de la reunión, fue Martínez Olmos quien defendió el terreno ministerial: la abogacía y el Consejo de Estado determinaron que el cataloguiño invadía sus competencias. Ahora juegan con el tiempo que tarde el Constitucional en iniciar su trámite. “Estamos en tiempo de seguir hablando”, reiteró. Fuentes jurídicas consultadas por Redacción Médica aseguran que el recurrente, en este caso el Ministerio, "puede desestimar o renunciar" en cualquier momento siempre que el TC no haya dictado sentencia. “Seguiremos dialogando para encontrar soluciones jurídicas porque el planteamiento es común: buscar la eficiencia del gasto farmacéutico”, concluyó Martínez Olmos.
Según fuentes ministeriales, Pajín ha trasladado a la ministra que un total de ocho autonomías (Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Navarra y La Rioja) "redujeron su gasto medio por encima del conseguido por Galicia en enero de este año y sin aplicar medidas como las realizadas por esta comunidad".
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