Oliván explica los expedientes abiertos a residencias de mayores por deficiencias detectadas

Redacción. Zaragoza
El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia de Aragón, Ricardo Oliván, ha comparecido este jueves en las Cortes a petición del Grupo Parlamentario Socialista para explicar el proceso de cierre de residencias de mayores, el realojo de los afectados y el resto de medidas concernientes a esta decisión. Oliván ha hecho referencia al proceso emprendido al detectarse “irregularidades en centros residenciales y, en el caso hipotético de que se cierre alguna de ellas, el proceso de reubicación de los residentes que se seguirá. Desde el conocimiento de los hechos se hicieron los procesos con la máxima celeridad posible, aplicando y cumpliendo con la norma existente y entiendo que mis antecesores deberían haber actuado con mayor celeridad porque estamos hablando de deficiencias graves que pueden o podrían afectar a los usuarios”, ha remarcado el consejero.

Ricardo Oliván, este jueves en las Cortes.

El responsable de Sanidad, Bienestar Social y Familia ha detallado que se trata de “veinticinco centros con deficiencias catalogadas como graves o menos graves, pero que en todo caso van en contra de la normativa. Son quince residencias con irregularidades graves de prioridad 1, lo que implica que son defectos que pueden suponer riesgo futuro para la integridad física o psicológica del residente. Y hay otras diez residencias con irregularidades más bien administrativas, las llamamos de prioridad 2, de las que dos ya han solucionado las incidencias y pueden seguir con normalidad su actividad”. “De las quince de prioridad uno, todas son –como ha especificado Oliván- residencias privadas sin plazas concertadas, la mayoría ubicadas en pisos: diez en Zaragoza capital, tres en la provincia zaragozana y dos en la provincia de Teruel. Ochenta personas ocupan plazas en residencias con procedimiento incoado y 138 en las restantes”.

Hay procedimientos y actuaciones al respecto desde 2005, ha incidido el consejero, quien ha repasado los pasos dados por el Gobierno actual, con “la reinspección para saber si continuaban las deficiencias incoadas. Actualmente, se ha hecho ya toda la revisión de centros de prioridad 1 y el 50% de los de prioridad 2”. El consejero ha repasado el momento actual que vive cada uno de los procesos abiertos y ha detallado que “hay incoados siete procedimientos sancionadores”, mientras que los otro ocho restantes están en otra fase inicial del proceso.

Por último, Ricardo Oliván ha informado a los diputados sobre el proceso de reubicación de residentes que se realizaría en caso de cerrarse algún centro. “El IASS realojaría con carácter temporal a los afectados, tras la notificación a los familiares de la situación. Para ello están listos los centros de Moverá en Zaragoza, Javalambre en Teruel y Sagrada Familia en Huesca. Luego se harían estudios personales para conocer le mejor destino definitivo de cada uno de los usuarios y se haría un traslado progresivo conforme se valoren los diferentes casos. Una vez finalizado el proceso, se procedería al cierre y precintado del centro afectado”, ha finalizado el consejero.

Desde el grupo solicitante de la comparecencia, Eduardo Alonso (PSOE) ha criticado “un goteo constante, muchas veces alejado de la realidad, de ese titular de que el Gobierno de Aragón cerraba veinticinco residencias por deficiencias” y ha denunciado “la forma de llevar este presunto problema”, por su “falta de rigor y lanzamiento de insidias y descalificaciones personales”. Alonso ha criticado la falta de información y la negativa a entregarla y ha dicho que el actual Ejecutivo “han puesto en cuestión, sin demostrar nada, a los responsables del servicio, cuando las únicas residencias cerradas son las cuatro que en su día cerró el Gobierno socialista”.

Desde el PP, Carmen María Susín (PP) ha recordado que “ante una situación como esta donde las personas puedan tener sus derechos vulnerados, hay que actuar”. La diputada popular ha criticado la falta de celeridad de los anteriores responsables porque “estamos hablando de centros cuyas incidencias se detectaron en 2005”. Frente a esta situación, Carmen María Susín ha agradecido “la información aportada respecto al estado actual de tramitación de los distintos expedientes y la celeridad con la que este Gobierno ha tomado cartas en el asunto”.

Por parte del PAR, Manuel Blaco ha recordado que “hay que acotar los términos del debate, porque se trata de un número de centros que no representa a la colectividad de las residencias en Aragón, y hay que evitar una mala imagen porque la mayor parte de los centros aragoneses funcionan muy bien”. El diputado aragonesista ha recordado “la importancia del fondo de la cuestión, porque hablamos de casi trescientas personas, algunas de ellas con cierta incertidumbre sobre su futuro”, por lo que ha considerado un “tema muy sensible e importante, de urgente solución”. Del mismo modo, Blasco ha agradecido que el actual Ejecutivo ya haya contempado “un protocolo de actuación en caso de cierre”.

Para Nieves Ibeas (CHA), “el tema es muy grave y ha habido una alarma social, porque parecía que había fallado todo, y se genera desconfianza, pero lo más grave es que centren el debate en que si la información que se traspasó de un gobierno a otro ha sido la correcta o no”. La diputada ha recordado que “cada vez tenemos una población más envejecida, pero eso no significa que esté en las mejores condiciones, y observamos que no existe una planificación para asumir con los recursos propios la mayor parte de la responsabilidad que hay que asumir: la garantía de que la mayor parte de la prestación de los servicios en residencias se hagan desde lo público”.

Patricia Luquin (IU) ha calificado la situación de “espectáculo poco o nada gratificante y bastante lamentable, porque el fondo es muy serio” y ha criticado que se haya levantado “cierta alarma social”. “Y aquí –ha continuado la portavoz de IU-, en vez de hablar de las personas afectadas hemos visto ganas de titulares por una parte y ganas de criticar una mala gestión por la otra”. Por eso, la diputada ha animado a “adoptar todas las medidas necesarias para que las personas que se encuentran en una situación de desamparo tengan la calidad en la prestación del servicio y sean bien atendidas”.