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Jueves, 21 de noviembre de 2013, a las 15:21
Redacción. Zaragoza
El consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Ricardo Oliván, ha comparecido en las Cortes, a petición propia, para informar del balance de la aplicación en Aragón durante el primer año del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones.

Ricardo Oliván.

Oliván ha afirmado que “el nuevo sistema de aportación según la renta ha supuesto un gran ahorro, alrededor de sesenta y ocho millones de euros”, lo que, según el consejero, “ha permitido a veintiocho mil quinientas personas con dificultades pasar a tener la farmacia gratuita”. Este ahorro se divide en “catorce millones por la ampliación de la aportación de los usuarios; diez millones por los fármacos financiados; y cuarenta y cuatro millones a raíz de las medidas disuasorias destinadas al uso racional del medicamento”.

Oliván ha situado la “adecuación del gasto y la maximización de la eficiencia para buscar la sostenibilidad” como el objetivo del Real Decreto-ley 16/2012 y ha criticado las “profecías alarmistas” de la oposición. El consejero ha señalado que en Aragón, “ante el hecho de que ciertos colectivos de inmigrantes perdieran el derecho a tarjeta sanitaria, que no es lo mismo que no tener derecho a asistencia básica, se vio conveniente hacer una lectura más amplia del marco legal del Real Decreto-ley”.

Los motivos que ha alegado el compareciente han sido que “se buscaba atender a quince mil personas en situación vulnerable y con una clara vocación de quedarse entre nosotros”, por lo que, a fecha de hoy, “se han aceptado trescientas tres solicitudes de un total de trescientas cuarenta y ocho”. El compareciente también se ha referido a “un convenio a firmar con personas que antes eran poseedoras de tarjeta sanitaria y no han podido beneficiarse del programa anterior”.

Oliván se ha referido también a la centralización de compras, que supone ha supuesto la adhesión de Aragón a “varios acuerdos del Ministerio para comprar conjuntamente con otras comunidades, pero aun no se ha llevado a cabo”. Por último, el consejero ha defendido las medidas llevadas a cabo por su Departamento alegando que “las cosas no se hacen porque sí, se hacen por obligación y en beneficio de los ciudadanos” y ha añadido que “no era posible mantener el sistema sanitario tal como estaba, por lo que había que tomar medidas”.

La diputada del PP Carmen María Susín ha solicitado a la oposición que “dejen la pancarta y escuchen de verdad a la gente, porque su discurso ya no se lo cree nadie” y ha recalcado que la sanidad “está garantizada para toda la población, sean residentes legales o ilegales de la Comunidad”. Susín ha agradecido el trabajo del consejero y ha afirmado que “el objetivo de las actuaciones adoptadas es establecer medidas de sostenibilidad para garantizar derechos”.
Eduardo Alonso, que ha intervenido en nombre del PSOE, se ha referido al Real Decreto-ley como “Decreto de los recortes” y ha calificado de “sarcasmo” que el consejero se refiera a él como “el de la salud publica”. Alonso ha criticado que, “a pesar de sus medidas, el gasto farmacéutico de su Departamento ha subido”, lo que, en palabras del diputado socialista, “indica claramente que no han funcionado”.

El representante del PAR, Manuel Lorenzo Blasco, ha señalado que “a nadie nos gusta hacer recortes o ajustes, pero el sistema público no puede significar que todo es gratis”. Blasco ha afirmado que “tenemos que sujetarnos a la realidad, tenemos un sistema de salud que funciona y que, en la mayoría de los casos, tiene satisfechos a los ciudadanos”.

Por parte de CHA, Nieves Ibeas ha tachado la comparecencia de “provocación” y ha preguntado al consejero “porqué está permitiendo el deterioro de la sanidad pública”. Ibeas, que ha tildado de “fracaso épico” el programa Aragonés de Protección Social, ha declarado, refiriéndose a Oliván, que “usted no es un garante de mi condición como ciudadana y como yo piensan muchísimas personas”.    

Para Patricia Luquín, representante de IU, el consejero “no debería seguir al frente del Departamento, ya que habla de la Salud exclusivamente con criterios de rentabilidad económica” y ha denunciado que “el Real Decreto pone precio a un derecho como es la Salud”. Luquin ha denunciado que “ustedes excluyeron a quince mil personas del sistema sanitario por trámites administrativos, quebrando así el principio de universalidad, accesibilidad y gratuidad” y ha exigido a Oliván que “gestione el dinero en beneficio de toda la ciudadanía”.