12 dic 2018 | Actualizado: 21:10

Sánchez Fierro: “No debería contraponerse la innovación a la sostenibilidad”

Los expertos centran sus esfuerzos en cuatro informes: enfermedades raras, ‘e-salud’, baremo de daños por actividad sanitaria, y reforma de las mutuas de trabajo

dom 27 octubre 2013. 19.12H

María Márquez / Imagen: Pablo Eguizábal. Madrid
El reimpulso al Consejo Asesor de Sanidad ya ha cumplido un año, y su vicepresidente se muestra satisfecho del intenso trabajo realizado por los más de treinta vocales que lo forman. Diversos informes ya están en la mesa de la ministra Ana Mato, como el de recursos humanos o la coordinación sociosanitaria, pilares de la reforma sanitaria. El de la píldora poscoital se ha atascado un poco más debido a información autonómica sobre menores que completará el informe definitivo, como manda la cautela de este órgano consultivo.

Sánchez Fierro en el plató de Sanitaria 2000 TV.

Comenzando por la actualidad más cercana, el lunes pasado el Ministerio albergaba la explicación de ese pacto firmado el 30 de julio con los profesionales. ¿Qué expectativas pone en él Sanidad?

El acuerdo es un hecho histórico, nunca había sido con el conjunto de médicos y enfermeros de toda España. Los momentos en los que se ha intentado establecer un Pacto por la Sanidad jamás se había contado con sus protagonistas fundamentales del día a día, médicos y enfermeros. Este pacto supone un giro estratégico, es una aportación importantísima al Pacto.

En cuanto al sentido del acto, no fue exactamente explicar el acuerdo porque las cosas están bastante claras, incluso diría muy claras. El objetivo era acercarlo a quienes tienen responsabilidad en la gestión del sistema o en la aprobación de leyes que afectan al sistema, llevar en vivo y en directo estos compromisos, pidiéndoles que no se quedase entre el Ministerio y los profesionales. El mensaje de la ministra Ana Mato es que el Pacto es de todos, y caben todos.

Ha habido intentos anteriores de Pacto, como el de La Moncloa, firmado por los partidos políticos. Otro hecho histórico importantísimo fue la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, y con esa unanimidad también se aprobó la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias. Hubo también una oferta de Pacto por parte del exministro Bernat Soria, llegando a análisis bastante interesantes, pero no se tradujo luego en ninguna medida que aprobase el Consejo Interterritorial. Más tarde hubo un nuevo intento en la etapa de la exministra Trinidad Jiménez, con debate durante un año y medio, pero finalmente no hubo acuerdo por discrepancias en cuanto a la financiación, el Fondo de Cohesión, la innovación y la igualdad de trato, todas ellas cuestiones demasiado importantes sobre las que había planteamientos genéricos. Ahora se inicia una nueva versión de ese Pacto, contando con los profesionales, que hasta ahora veían cómo se discutían pero no estaban en él.

Ese día hubo ausencias destacadas entre las Consejerías que lidera la oposición…

Hubo fundamentalmente excusas. El problema es si caben excusas ante un tema tan importante como este. Por supuesto son respetables, vivimos en un país de libertades pero donde la responsabilidad es importante. En las encuestas del CIS, una detrás de otra, los ciudadanos nos piden que haya un acuerdo por la sanidad, sobre todo si hay 500.000 profesionales sanitarios que lo avalan.

¿Ve factible despolitizar la sanidad como pide siempre la ministra Mato? Hay comunidades autónomas en contra de la reforma sanitaria…

Yo diría que las comunidades no están en contra de la reforma. Podrán estar más acuerdo o en desacuerdo sobre un determinado punto. El Consejo Interterritorial de octubre de 2012 dejó constancia de que en las líneas fundamentales, las comunidades están de acuerdo con esa reforma, cuestión distinta es que por el camino alguno haya buscado algún atajo. Lo mejor es gestionar con la mayor eficiencia posible, aplicando el artículo 149 de la Constitución, que dice qué tienen que hacer las comunidades y qué el Estado.

Cuando acaban los Consejos Interterritoriales suele haber un doble mensaje, el del acuerdo y el del malestar de ciertas consejerías…

Hay de todo, como cuando hay reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por encima de los intereses de la comunidad autónoma, están los intereses del Sistema Nacional de Salud y de todos los ciudadanos. Cuando alguna comunidad considera ir por una vía distinta a la solidaridad entre todos y con todos los ciudadanos, algo no bueno está pasando. Basta con coger la Ley de Cohesión y Calidad para recordar las obligaciones que tiene cada uno.

Centrándonos en el Consejo Asesor de Sanidad, ¿qué ha supuesto ese letargo de ocho años?

Los que estuvieron al frente del Ministerio perdieron un caudal de experiencia, de conocimiento y de información realmente relevante. El Consejo se creó en la etapa de Griñán como ministro de Sanidad, y ha tenido una sequía importante de ocho años. Para nosotros es un motivo de satisfacción muy grande sentirnos útiles para el Sistema Nacional de Salud. Sabíamos que había mucho trabajo por hacer, por eso queremos cumplir con la confianza que se nos dio.

Ausencias en la presentación del pacto con profesionales.

Por qué no se han pronunciado sobre la píldora poscoital.

La ministra Ana Mato anunció que recuperaría el Consejo a raíz de los informes sobre la píldora poscoital. ¿En qué punto se ha quedado ese análisis?

El debate que tuvimos no está cerrado. Se vio claramente que había dos umbrales: el de las mujeres en edad pediátrica, y las que no lo están. Hay suficiente información sobre las mujeres adultas, pero no sobre las menores. Hemos pedido esa información como elemento decisivo para hacer las recomendaciones, y está siendo elaborada. Sin estos datos, decir si tiene que haber prescripción o no y en qué condiciones es un debate estéril desde el punto de vista científico, y peligroso desde el punto de vista sanitario, porque la salud de la mujer es fundamental y hay que cuidarla sin ningún género de dudas.

¿Los datos que esperan es sobre consumo entre menores?

Sí. La falta de información se puso de relieve en los debates internos del Consejo Asesor. La ministra contaba con tres informes: uno favorable, otro contrario y otro ‘comme si, comme ça’. Los más cautos en el tema partían de la falta de información.

En el informe que han elaborado sobre recursos humanos, ¿qué aspecto deficitario les llamó más la atención?

La hoja de ruta sobre esta cuestión se trazó en la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarios (LOPS), con el consenso de todos. Pero la LOPS se quedó absolutamente en dique seco, estancada. Esto ha tenido consecuencias. Las comunidades autónomas tienen sus problemas diarios y si no se ejerció en su momento el liderazgo para desarrollarla reglamentariamente, los criterios fueron surgiendo en las CCAA, de forma que nos hemos encontrado con problemas de desigualdad de condiciones laborales, de movilidad, ordenación de categorías… Además, la ordenación de recursos humanos ha estado centrada en una sanidad muy polarizada en los episodios agudos, sin una respuesta ágil a fenómenos como el envejecimiento o la cronicidad. Todo se ha mantenido como si no pasara nada, y han ocurrido cosas muy importantes en nuestro país en los últimos años, de ahí la necesidad de reorganizar la estructura, poner el acento en la coordinación sociosanitaria, la continuidad asistencial, el trabajo en equipo… Creo que es así como se puede preservar el sistema, hacer que las estrecheces presupuestarias sean un acicate de eficiencia y no simplemente pedir que venga más dinero. En épocas en las que ha habido dinero, no ha habido tiempo o dedicación para reorganizar el sistema.

Los profesionales están expectantes ante el desarrollo de las Unidades de Gestión Clínica (UGC), pero al mismo tiempo temen que cambien sus condiciones contractuales…

El vicepresidente del Consejo Asesor, en un momento de la entrevista.

Algunos profesionales lo temen. Siempre hay opiniones, algunas interesadas, y a veces es bueno. Tal y como está concebido el tema en los acuerdos, es con pleno respeto a las condiciones laborales, y quien no quiera incorporarse a una UGC no se incorporará. El que se incorpore, será porque las condiciones que se le ofrecen son mejores, o son distintas y más interesantes. ¿Es mejor seguir como se está, desmotivado y en una rutina, o por el contrario en un modelo nuevo de gestión con una implicación mayor? Las condiciones no tienen por qué ser peores.

La coordinación sociosanitaria también sido objeto de análisis por parte del Consejo Asesor. ¿Creen que las Consejerías deberían unir los dos ámbitos para implementarla más eficazmente?

Eso no significa por sí mismo que haya coordinación, porque no es solo política o institucional, sino de servicios. Así que o hay una cultura en común de servicios y un proyecto de funcionamiento, o el hecho formal de estar en una misma consejería es interesante pero no tiene que ser relevante al cien por cien. El consejero puede tener una visión unificada, pero el tema es que lo tengan quienes están día a día en la gestión. El referente fundamental es el paciente, y debe tener un código de identificación único. Por otro lado, hay que tener muy en cuenta la voz de las familias, por eso hay que saludar como muy positivas las experiencias de las comunidades autónomas, como la de Galicia con la Escuela de Pacientes. No es un problema de grandes estructuras sino de que los ciudadanos sientan la corresponsabilidad, promover hábitos saludables, ayudar a la prevención, el uso racional de medicamentos… Todo eso es coordinación sociosanitaria. No es un problema jurídico ni de grandes estructuras, sino que los ciudadanos sientan que a su servicio hay una cultura organizativa de los poderes públicos, y que esa cultura no quede tampoco en las grandes coordenadas sino que se lleve a pie de obra.

Al fin y al cabo es una reorganización asistencial. ¿No se verá dificultada por los ajustes presupuestarios?

Todo lo contrario. En estos momentos no nos podemos permitir el lujo de las duplicidades y los solapamientos. Hacer cosas no supone necesariamente que cuesten más dinero sino aplicar ahorros.

La ‘e-health’ es otra de las cuestiones que más interesan a la ministra Mato. ¿Cuál es la posición de España con respecto a Europa? ¿Vamos con retraso?

Lamentarse no sirve de demasiado. Probablemente podríamos haber ido a más velocidad. Hemos vivido mucho tiempo con proyectos piloto por muchas partes. No digo yo que los pilotos no sean útiles, pero tampoco pueden ser un placebo para abordar la ‘e-salud’. Esta es una herramienta importantísima para gestionar el sistema sanitario, tanto público como el privado. Es útil en la medida de que haya una organización sanitaria razonable, puesta al día. La ‘e-salud’ tiene que acompañar al proceso de reformas, por eso bienvenidas sean en este contexto, no en el de una sanidad petrificada en sus estructuras.

Desde el punto de vista comparativo, los 28 Estados miembro de la Unión Europea ofrecen realidades muy distintas. Nada tiene que ver el modelo sueco, por ejemplo, con el que puede haber en Bulgaria o Croacia, hay una gran diversidad. Un reciente informe europeo muestra una aplicación muy desigual, donde en países como Dinamarca está plenamente implantada, mientras que otros cuentan con un desfase de un 30 por ciento, con profesionales resistentes al cambio.

Por otro lado, la ‘e-salud’ no debería ser una herramienta para los gestores sanitarios ni solo para médicos o enfermeros, sino también para los pacientes. Si no se consigue una alfabetización digital generalizada, esos progresos no serán tan útiles para un importante sector de la población. En España, la cultura de las nuevas tecnologías no abarca a todas las personas, y a esto hay que añadir los problemas de conectividad. Hay que resolver la financiación y la gestión de la ‘e-salud’. Un informe elaborado por el Senado ha dado muchas claves, pero habría que profundizar en estas dos.

La ‘e-health’, lento desarrollo y retos.

Innovación y sostenibilidad.

¿Qué papel tiene la innovación en la reforma sanitaria?

El Consejo Asesor lo ha definido como un punto crucial en el informe sobre ‘Sostenibilidad del SNS’. Los avances de la biomedicina tienen que estar al servicio de los ciudadanos. Si no se avanza en innovación, se dejan oportunidades a favor de la salud de la población, y por ella hay que apostar. En cuanto a sus prioridades, lo que nos parece importante es que no debería contraponerse innovación a sostenibilidad. A veces da la sensación de que cuanto más se innova, más se pone en riesgo al SNS, y esto no tiene ningún sentido. A veces se dice que los medicamentos innovadores son fuente de gasto, pero si uno pone encima de la mesa lo que era la oferta farmacológica de hace 30 años y la compara con lo que hay ahora, vería diferencias considerables.

Hay un cierto temor por parte de una sociedad científica y de asociaciones de pacientes en cuanto a que se esté restringiendo la incorporación de fármacos innovadores…

Hay que decir que en este momento los problemas son de orígenes muy variados. Lo que sí parecería lógico es que lo que son los procedimientos para la aprobación de un medicamento y la fijación de precios deberían estar mejor definidos. Me consta que hay un proyecto de decreto sobre precios y financiación, creo que es una expectativa de solución razonable. La financiación pública no puede ser contradicha en ámbitos inferiores, porque contradice leyes estatales.

¿Cree que se está sobredimensionado ese temor?

Aquellas medidas que puedan estar troceando el SNS en términos de acceso a los medicamentos merecen un rechazo, y por eso el Gobierno ha acudido al Tribunal Constitucional. El decreto de precios y financiación podrá ayudar a refrescar los mandatos de leyes aprobadas por el Parlamento, como la Ley de Garantías aprobada en época del Gobierno socialista y reformada para reforzarla, no para contradecirla.

En cuanto al copago hospitalario, la ministra ha manifestado su extrañeza ante la petición de las comunidades autónomas de una moratoria para su aplicación…

En primer lugar, no hay copago hospitalario. La asistencia en hospitales sigue siendo completamente gratuita, incluida la farmacéutica. Cuestión distinta es que para determinados medicamentos que se dispensaban en farmacia y que con el Gobierno anterior pasaron a dispensarse en los hospitales (pero que eran de dispensación en el canal de oficinas de farmacia) se tenga que abonar una cantidad como antes. No es que funcionen de una manera distinta, sino que pasaron de un entorno a otro.

Puede haber problemas de implementación de esta aportación, hay CCAA que han pedido más tiempo y otras consideran que no necesitan tanto, pero estamos ante un problema de gestión. Sería estupendo que todos los enfermos crónicos no tuviesen que hacer ninguna aportación, pero se ha creado una confusión porque determinados medicamentos de crónicos que estaban en un sitio han pasado a otro, y esto dio lugar a una forma de gestión.

Cualquier cambio a una situación distinta no va a ser bien recibida, como es normal. También sorprende a veces que quienes insisten mucho en esto se olviden de que cerca de un millón de personas que tenían que aportar un 40 por ciento en el precio de sus medicamentos ya no lo hagan, como son los parados de larga duración. En otros países donde no existe esto, están con un diferencial en el impuesto de la renta del 58 por ciento, con cargas fiscales mucho mayores que las españolas. En otros sitios prefieren pagar más impuestos y no hacer aportaciones complementarias, quizás ese debate esté por producirse.

En esta etapa de asesoramiento a la ministra, ¿cómo valoraría su gestión y sus prioridades?

Desde el punto de vista personal, me siento muy satisfecho y muy honrado de poder estar trabajando en el Consejo Asesor de Sanidad con la presidencia del doctor Rodés, toda una referencia para la sanidad española, y con compañeros verdaderamente increíbles en su capacidad, generosidad y esfuerzo. Cuando para determinados temas hemos requerido apoyos externos, los hemos encontrado con el mismo espíritu altruista y de apoyo al sistema. La valoración, por tanto, es muy positiva.

En cuanto a las prioridades para el Consejo Asesor, nosotros no las fijamos, vamos recibiendo las indicaciones de la ministra en función de los temas que el Ministerio entiende más urgentes.

Me siento muy honrado de haber podido colaborar con la ministra. Asimismo, en el caso del Libro Blanco de Recursos Humanos, ha sido un honor colaborar con la Universidad Rey Juan Carlos.

¿Podría adelantarnos algún futuro tema que vaya a analizar el Consejo Asesor?

Tenemos el cajón tan lleno, que de momento diría que lo más urgente es terminar el informe con propuestas en materia de enfermedades raras, el de ‘e-salud’, el del baremo de daños por actividad sanitaria, y el de la reforma de las mutuas de trabajo.

Es asesor de la ministra Mato, con anterioridad ocupó la Subsecretaría del Ministerio de Sanidad, ¿consideraría volver a ocupar un puesto relevante?

Depende de quién puede decidirlo, pero creo que mi vocación de servicio la puedo cumplir perfectamente desde donde estoy. Desde el punto de vista personal, para mí fue un honor trabajar como subsecretario en un momento en el que se hicieron cosas importantes, como por ejemplo, la OPE extraordinaria para regularizar la situación de más de 30.000 médicos en España, o hacer frente a momentos de gran dificultad como la crisis de ‘las vacas locas’. De aquella crisis se sacaron cosas positivas, como la Agencia de Seguridad Alimentaria, cuya ley fue aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados.

Desde el punto de vista político, mi vocación está satisfecha. Y desde el punto de vista de la representación, he sido miembro de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, y en ella tuve la suerte de trabajar codo con codo con la exministra Ana Pastor, haciendo cosas realmente muy importantes.

No tengo ninguna aspiración, solo la de ser útil mientras consideren que puedo serlo.

Julio Sánchez Fierro, en un momento de la entrevista realizada por la redactora María Márquez.

Vea aquí la entrevista completa