Mato: “Las comunidades autónomas no son competentes para convocar subastas”

María Márquez. Madrid
Una vez más, la subasta de medicamentos de la Junta de Andalucía ha sido motivo de debate en el pleno del Congreso. El portavoz socialista José Martínez Olmos ha preguntado a la ministra de Sanidad, Ana Mato, por qué “torpedea” la medida andaluza. Mato ha apoyado su rechazo en “los servicios jurídicos, el Consejo de Estado y la Constitución española”.

1.644 millones de ahorro en gasto farmacéutico

Para refrendar ese rechazo a la subasta de medicamentos andaluza, la ministra de Sanidad ha validado las medidas de ahorro farmacéutico puestas en marcha desde el Gobierno central y que han conseguido, según ha dicho, un total de 1.644 millones de euros en 10 meses, “200 millones en Andalucía”, ha apostillado. En esta línea, Ana Mato ha afirmado rotundamente que “todo lo relativo a precios sanitarios es competencia del Estado” y, como había dicho en anteriores ocasiones, ha apuntado que la subasta andaluza “rompe el mercado y obstaculiza el acceso a los medicamentos”.

Por su parte, Martínez Olmos ha aludido a un informe de Cofares para recriminar a la ministra que 400 millones de euros ahorrados provienen del copago impuesto a los pensionistas, y 80 de ellos de pensionistas andaluces. “Andalucía está con la gente, ustedes contra la gente, con los poderosos”, ha afirmado el portavoz socialista.

Reforma de la Ley del Aborto

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

Desde el Grupo Socialista y la Izquierda Plural (IP) han preguntado al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, sobre sus intenciones en la modificación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Laia Ortiz (IP) ha incidido sobre el riesgo para la salud femenina que supondrá limitar estas intervenciones, un hecho, según sus datos, que avala la Organización Mundial de la Salud. Por su parte, la socialista Elena Valenciano ha dicho al ministro que “las mujeres no necesitamos que usted ni nadie nos tutele”, al tiempo que ha señalado que en “nueve de cada 10 interrupciones no se alegan motivos”, una cuestión que preocupa en demasía al ministro, en su opinión. Ruiz-Gallardón, por su parte, ha asegurado que con la reforma normativa “el derecho a decidir estará más respetado de lo que lo está en estos momentos” y ha basado la decisión gubernamental en la doctrina del Tribunal Constitucional, tanto en lo referente a mujeres como a “concebidos”.