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El BOE ‘olvida’ pormenorizar los ajustes sanitarios

Lo único novedoso tras el Consejo de Ministros ha sido la confirmación de que los inmigrantes sin papeles solo recibirán asistencia sanitaria urgente

Domingo, 22 de abril de 2012, a las 23:29

Redacción. Madrid
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado los dos reales decretos aprobados el viernes en el Consejo de Ministros relativos a los ajustes en Educación y la reforma del consejo de administración de RTVE, si bien no ha incluido las medidas sanitarias anunciadas por la ministra Ana Mato, que podrían estar listas en el boletín de este martes..


Las últimas novedades son las que ha aportado la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, el viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha anunciado que el Gobierno va a abordar un cambio en la Ley de Extranjería para evitar que familiares de residentes extranjeros legales vengan a España "exclusivamente" a recibir atención sanitaria. Además, el empadronamiento ya no será el "único requisito" para recibir asistencia, de modo que se el Gobierno comprobará que las personas tienen su residencia fiscal en nuestro país. Sin embargo, la ministra ha dejado claro que al inmigrante ilegal no se le negará la asistencia básica: "Ninguna persona va a quedar desatendida en Urgencias".

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha comparecido ante los medios en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, junto a la vicepresidenta y portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Cultura y Educación, José Ignacio Wert.


Mato ha justificado esta medida señalando "había personas de otros países que residen en España que incorporan en su tarjeta sanitaria a todas las personas de su familia que no viven en nuestro país, que venían a España exclusivamente a recibir atención sanitaria". En esta línea, ha argumentado que "es un despropósito absoluto y queremos poner coto a esta utilización ilegal de nuestros servicios sanitarios y a los abusos que se asumen en este campo", por ello la titular de Sanidad ha explicado que el Gobierno, además de modificar la Ley, va a revisar también los convenios con algunos países, ya que "mucho no reintegran el dinero que deben por la asistencia sanitaria".

Residencia fiscal

Teniendo en cuenta el informe del Tribunal de Cuentas, con los datos corresponde a datos del 2009, cifra en más de 700.000 personas las que están utilizando los servicios sanitarios de manera indebida, lo que supuso ese año un gasto de 917 millones de euros. Pero, ha recordado Mato que este dato no esta completo si se tiene en cuenta que "hay muchos extranjeros que nos son comunitarios, que no están recogidos en el informe del Tribunal de Cuentas, porque tampoco están sujetos a convenios internacionales entre países, que también están utilizando inadecuadamente o sin derechos nuestros servicios sanitarios". Así, a partir de ahora, a la hora de empadronarse se pedirán una serie de requisitos, "los mismo que tienen los españoles a la hora de acudir a la asistencia sanitaria", ha explicado; es decir, se tendrá en cuenta las personas que "de verdad", ha recalcado, viven en España; y los que tienen residencia fiscal en España, "trabajan como nosotros y pagan sus impuestos". Además, se incluirá el Artículo 7 de la directiva relativa al derecho de los ciudadanos de la unión y de los miembros de su familia a circular y residir libremente en el territorio de los estados miembros. Dicha directiva ya está incorporada al derecho español, pero "lo sorprendente" para la ministra "es que se incorporo completa salvo este articulo que es el que prohíbe expresamente desplazarse a otro país con el objetivo de recibir atención sanitaria; de ahí que muchas personas se han desplazado a nuestro país ha hacer lo que todo el mundo conoce comúnmente como turismo sanitario", ha añadido.

El ahorro que el Gobierno espera conseguir son unos 1.500 millones de euros, que se conseguirían de los casi 1.000 millones de euros que cuesta la asistencia sanitaria a los europeos y, aproximadamente, otros 500 millones de euros que es el gasto que supone la asistencia sanitaria a los a inmigrantes que traen a familiares sin derecho a prestación. Toda personas que no cumpla estos requisitos, "tendrá derecho exactamente en las mismas condiciones que nosotros tenemos en sus países", aunque, ha querido dejar claro que no se le negará la asistencia sanitaria básica, en referencia a la atención en Urgencias hospitalarias.