Sanidad otorga un total de 18,5 millones de euros a todas las CCAA, salvo País Vasco y Navarra por su régimen foral



26 ene. 2011 16:16H
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Nuria Espí, flanqueada por Isabel Martínez y Pilar Farjas, posa con los participantes del la Conferencia Sectorial del PND.

Redacción. Madrid
Las comunidades de Madrid (3 millones), Andalucía (2,9) y Cataluña (2,8) acaparan casi la mitad de los presupuestos nacionales asignados por el Plan Nacional sobre Drogas (PND) para el desarrollo de planes autonómicos de lucha contra la drogadicción, que contarán con una financiación total de 18.559.460 euros.

El Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad ha ratificado los criterios de distribución en la Conferencia Sectorial del PND, que serán consignados en los Presupuestos Generales del Estado de 2011, salvo para Navarra y País Vasco por su régimen foral, comunidades que, no obstante, sí podrán recibir transferencias del Fondo de Bienes Decomisados en caso de que lo soliciten.

A Madrid, Andalucía y Cataluña, le siguen con las mayores asignaciones la Comunidad Valenciana (1,6 millones), Castilla y León (1,4) y Galicia (1,2). Por su parte, Castilla-La Mancha recibirá un total de 865.000 euros, seguida de Canarias (847.000), Aragón (721.000), Asturias (705.000), Murcia (629.000), Extremadura (592.000), Baleares (500.000), Cantabria (345.000), La Rioja (181.000), Ceuta (98.000) y Melilla (65.000).

La reunión ha sido presidida, por vez primera, por la secretaria general de Política Social y Consumo, Isabel Martínez, y la recién nombrada delegada del Gobierno para el PND, Nuria Espí, quien ha subrayado como objetivos prioritarios de su departamento para 2011 la prevención del consumo de alcohol entre menores y la mejora de los programas de inserción social de las personas drogodependientes.

Igualmente, han informado de que España liderará la ejecución del proyecto Copolad (Programa de Cooperación entre America Latina y la Unión Europea en materia de políticas de lucha contra la droga), financiado por la Comisión Europea, ya que supone "una gran oportunidad para afianzar la presencia española como referente en políticas de lucha contra las drogas en Iberoamérica".


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