Redacción Médica
18 de septiembre de 2018 | Actualizado: Martes a las 15:55
Miércoles, 06 de julio de 2011, a las 16:40

Leire Sopuerta Biota. Madrid
El dictamen del proyecto de ley de adaptación normativa a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad llega hoy a la Comisión de Sanidad del Senado. Los grupos parlamentarios han presentado 30 enmiendas al texto. Una de ellas, del Grupo de Senadores Nacionalistas, solicita la modificación de la Ley de regulación de servicios de las oficinas de farmacia, con el fin de que en el proceso de adjudicación de las oficinas farmacias se reserve un cupo del 10% a personas con discapacidad.

Pérez Bouza, del Grupo de Senadores Nacionalistas.

En concreto, los nacionalistas proponen la adición a dicha norma de un nuevo artículo 20 que diga: “El procedimiento de adjudicación de oficinas de farmacia reservará un cupo de oficinas de farmacia para personas con discapacidad de, al menos, el 10 por 100 de las convocadas o, en todo caso, una oficina, si fueran menos de veinte las oficinas convocadas, entendiendo como personas con discapacidad a estos efectos las definidas en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad”.

Otra de las enmiendas, en este caso del Grupo Popular, demanda la supresión de los apartados b y c del artículo 15 de la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que versa sobre las excepciones en las podrá interrumpirse el embarazo por causas médicas cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes.

El primero dice “que no se superen las veintidós semanas de gestación y siempre que exista riesgo de graves anomalías en el feto y así conste en un dictamen emitido con anterioridad a la intervención por dos médicos especialistas distintos del que la practique o dirija”. Y el segundo apartado que quieren suprimir recoge que podrá interrumpirse el embarazo “cuando se detecten anomalías fetales incompatibles con la vida y así conste en un dictamen emitido con anterioridad por un médico o médica especialista, distinto del que practique la intervención, o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y así lo confirme un comité clínico”.

También los senadores debatirán sobre la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público, con el fin de que en las ofertas de empleo público se reserve un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad. La enmiendas presentada por Entesa Catalana de Progrés señala que “la reserva del mínimo del siete por ciento se realizará de manera que, al menos, el dos por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual o sensorial, y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de discapacidad”.