Los nacionalismos entorpecieron la cooperación entre autonomías que fijaba la Ley General de Sanidad

Javier Barbado. Imagen: Miguel Á. Escobar / Diego S. Villasante
La rigidez de la Administración española, su falta de flexibilidad laboral, era un hecho en 1986, fecha en que se aprobó la Ley General de Sanidad (LGS), de la que el 25 de abril próximo se cumplirán veintiséis años de vigencia. Contra esa realidad se topó la política sanitaria española que, aun hoy, no está exenta de dificultades de esa índole. El director general de Hospitales de la Comunidad de Madrid, Antonio Burgueño, lamenta que no se rompiera esa barrera para bien de los profesionales, pero el entonces ministro de Sanidad, Julián García Vargas (PSOE), le replica que hubo voluntad política de superarla, sólo que resultó del todo imposible, ya que suponía el desmontaje en cadena del aparato del Estado tal como estaba organizado. Con relación al Consejo Interterritorial, órgano que se creó después de la citada normativa, otros ex altos cargos de la sanidad de la época coinciden en señalar su validez inicial para encaminarse al vacío de poder decisorio con el paso de los años, circunstancia en la que algo tuvieron que ver las tensiones nacionalistas, a tenor de lo que se deduce de este intercambio de opiniones organizado por Sanitaria 2000.

De izq. a dcha.: Carlos Hernández Gil, Pedro F. Sabando, Julián García Vargas, Javier Barbado, José Manuel Romay Beccaría, Carlos Amaya y Antonio Burgueño, durante el debate grabado en los estudios de televisión de Sanitaria 2000.

Pedro Sabando, exsubsecretario de Sanidad y exconsejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid (PSOE): La Ley General de Sanidad arranca de una promesa del Partido Socialista que estaba expresada en el programa electoral de 1982, en el que se prometían tres leyes básicas: la Ley Básica de Sanidad, la Ley de Sanidad Alimentaria y la Ley del Medicamento. De ahí arranca (nuestro impulso) de comenzar a trabajar en ella en el Ministerio. En el mes de febrero hicimos (…) un gran trabajo que había terminado con un pequeño borrador, pero no se constituyó la Comisión encargada de elaborar la ley general hasta septiembre de 1983, momento en el que (ejercía como) ministro de Sanidad Ernest Lluch, de quien quiero recordar que hoy falta aquí, porque sus aportaciones serían históricas y sería la letra pequeña que permite comprender muchas de las cosas que están más allá de la propia expresión de la ley; de modo que mi recuerdo y mi homenaje emocionados a Ernest.

De modo que se constituye la Comisión redactora de la Ley General de Sanidad, que yo tuve el honor de presidir, y cuatro meses después aparece el primer borrador de su anteproyecto. En aquel momento había una situación verdaderamente compleja en España. En primer lugar estaba viviéndose una crisis económica significativa, y, desde el Ministerio de Hacienda, Miguel Boyer tenía una enorme reserva hacia que se promulgara una ley que universalizaba la sanidad en cuanto entendía que podía ser una ley que disparara el gasto.

Antonio Burgueño, director general de Hospitales de la Comunidad de Madrid: La Ley General de Sanidad tiene la propiedad de colocar a la sanidad, por primera vez, en el primer plano de la política después de todos los intentos del siglo XIX de colocar al Estado español en el interés que la sanidad representaba. Sin embargo, en aquellos momentos, desde donde yo estaba, creí que desaprovechaba la propia experiencia que había tenido la Seguridad Social en su desarrollo, que, si bien no universalizó nunca la atención, sí que al menos en la prestación tuvieron la perspicacia, en los últimos años y tras la crisis económica del año 73, de ingeniar un nuevo procedimiento de gestión. (…) Bueno, pues, aun así, y por muy devotos y fundamentalistas que algunos sean de mantener y de ampliar el sistema sanitario prestado (…), yo creo que la ley, en este sentido y en el año 86, en materia prestadora retrocede. Sin embargo, en materia de garantía del Estado en responsabilidad de financiación, parece que es el logro concreto. Pero, desde mi punto de vista, en estos momentos nos ha dejado en una situación complicada. (…)

Creo, sin embargo, que el Partido Socialista, y concretamente en el año 90, tuvo la oportunidad magnífica de reflexionar en la Comisión Abril por una razón: porque fue el debate social más abierto que se ha tenido en España sobre un servicio de alto interés para la población y la ciudadanía (…). Se quería mimetizar el sistema de salud inglés [National Health Service], pero éste no tiene todo el carácter funcionarial que tiene el nuestro. Por lo menos algo como la Atención Primaria se basa en el contrato libre de los médicos, y si hubiésemos ido en esa dirección…

Julián García Vargas, exministro de Sanidad del PSOE: Era (cambiar) el bloque de empleados públicos entero, no se podía hacer solo con Atención Primaria. Vamos a ver: yo no estuve en la elaboración de la ley, y, desde luego, creo que fue una magnífica iniciativa política de Ernesto Lluch y de todos los que le acompañasteis.

Yo llegué al Ministerio tres meses más tarde, y a mí me corresponde implementar la ley en aquellos aspectos en los que la reforma los había iniciado, porque ya la reforma de Atención Primaria en áreas de salud ya se había hecho en un decreto previo dos años antes. Pero la reforma ya estaba en marcha e incluso ya había habido dos transferencias: la de Andalucía y la de Cataluña. Por lo tanto, yo me encontré un proceso que ya había iniciado su bagaje aunque le quedaba, evidentemente, el grueso de aplicación de la ley. Y lo que tú estás diciendo, Antonio, en aquel momento no era la preocupación.

José Manuel Romay Beccaría, exministro de Sanidad del Partido Popular: No hubo tanto retraso (en la aplicación de la normativa). A mí el retraso no me parece excesivo. Cuando lees documentos del Reino Unido, explicación de comisiones de trabajo… Me acuerdo de uno famosísimo sobre la devolución de poderes en el Reino Unido en el que lo primero que se advierte es que llevan solo diez años estudiando el problema, y les parece un plazo cortísimo para una reforma que va a ser la más importante en el Reino Unido.

(Preguntado por su enmienda a la totalidad de la Ley General de Sanidad en el Parlamento) Bueno, había que hacer la crítica que nosotros considerábamos pertinente. La posición dominante dentro del grupo era una crítica muy dura y descalificatoria, y yo hice una intervención bastante moderada y aprecié lo que había de positivo en la ley. Efectivamente ponía orden en un sistema que estaba excesivamente fragmentado, y la Atención Primaria estaba bastante burocratizada y aquello tampoco me parecía a mí que fuera una virtud… Yo creo que reconocí los valores que tenía la ley y apunté algunos aspectos que a mí me parecían mejorables. Pero había una oportunidad de resolver el problema que todavía tenemos pendiente, es decir, que se hereda un servicio sanitario organizado…

Carlos Hernández Gil, exsubsecretario del Ministerio de Sanidad y senador por el PSOE: En España se dijo: “Vamos a entrar en un programa socialdemócrata en toda regla; vamos a crear riqueza y vamos a intentar repartirla de alguna manera”, porque había que crear y reconvertir previamente. Y después, el tema de la educación era una prioridad, y a nosotros nos estuvieron entreteniendo: “Vamos aquí, vamos allí y mientras tanto…” hasta que un día (…) se aprobó efectivamente. (…)
En fin, quiero decir que estaba todo el mundo en contra. Y luego había problemas internos de las administraciones, de los propios Ministerios, que tenían sus chiringuitos, y decían: “Esto es mío, yo lo quiero para mí, a mí que no me lo toquen”. Y luego, evidentemente, problemas dentro. Boyer se opuso y con razón, porque entrábamos en lo desconocido: no sabíamos lo que nos podíamos gastar.

Ronda de conclusiones

- La voluntad política del Partido Socialista, en los primeros gobiernos de Felipe González, de flexibilizar la legislación laboral en materia sanitaria se topó con el obstáculo insalvable de una Administración secular que funcionaba con rigidez y se guiaba por la burocracia.

- Los socialistas se encontraron con resistencias externas a la hora de aprobar la Ley General de Sanidad. La oposición, incluidos algunos partidos nacionalistas, se posicionó al principio en contra de la normativa.

- El Sistema Nacional de Salud a que dio pie la Ley General de Sanidad se inspiraba en el Servicio Nacional de Salud británico, es decir, el contenido de la normativa predisponía a liberalizar la asistencia sanitaria, pero lo hacía de manera genérica sin hilar fino en este cometido.

- Los nacionalismos periféricos influyeron en las dificultades con que se fue topando, con el tiempo, el Consejo Interterritorial, organismo que convocaba a representantes del Estado y de todas las comunidades autónomas.

-La Ley General de Sanidad fomentaba el carácter complementario de la sanidad privada, y no solo se limitaba a aceptar los conciertos del Estado con los centros privados. Pero, una vez más, en la práctica se tardó años en desbloquear los prejuicios ideológicos hacia la asistencia prestada por los particulares.