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La Comunidad Valenciana reconoce también a sus médicos como autoridad pública

Además se creará un comité de pacientes para contar con la opinión de los usuarios para mejorar el sistema

vie 12 septiembre 2014. 14.01H
Redacción. Madrid
Los profesionales sanitarios valencianos también serán considerados autoridad pública. La noticia llega después de que el pleno del Gobierno autonómico haya aprobado este viernes el proyecto de ley de la nueva normativa de Salud de la Comunidad Valenciana, en la que además se crea un comité de pacientes para contar con la opinión de los usuarios para mejorar el sistema.

Manuel Llombart.

Este proyecto adecua a la normativa sanitaria valenciana a la realidad actual y reduce el marco normativo a dos proyectos, el relativo a las prestaciones farmacéuticas y esta Ley de Salud, que refunde las seis leyes actuales, un decreto legislativo y cuatro decretos, que serán derogados, según ha explicado el consejero de Sanidad valenciano, Manuel Llombart, en rueda de prensa.

Esta norma ha contando con un “alto consenso” de todos los agentes sociales del ámbito sanitario, ha destacado Llombart, quien además confía que este consenso se consiga también durante su debate parlamentario, donde espera que se mejore la redacción definitiva del texto.

Estructura de la nueva ley
Así, la nueva ley se estructura en nueve títulos, en los que se define el Sistema Valenciano de Salud como organización y se establecen las prestaciones sanitarias a las que pueden acogerse los valencianos, que se acuerdan en el Consejo Interterritorial.

También recoge las directrices en materia de salud pública y drogodependencias; concreta los derechos y deberes del ciudadano en el ámbito de la salud y define la capacidad interventora de la administración sanitaria a la hora de controlar y sancionar aquellos aspectos que afectan a la salud individual y colectiva de la población.

Llombart ha confirmado que se simplifican los documentos del consentimiento informado respecto a la ley anterior para “hacer más flexible y eficiente su utilización”. También regula el consentimiento informado para menores cuando sus progenitores estén separados o divorciados. En este caso se exige el consentimiento de ambos cuando sea una intervención intensa programada, mientras que bastará el de uno de ellos en el caso de asistencia en un ambulatorio o cuando sea una urgencia.

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