Redacción. Madrid El propietario del Asador Guadalmina, ubicado en Marbella, no aplica la nueva Ley Antitabaco amparándose en que es “un negocio privado”. Tras colocar carteles de rechazo a la norma y recoger firmas contra ella, esta semana su propietario dará un paso más con la creación de una asociación de hosteleros ‘insumisos’, haciendo caso omiso a las advertencias de la Delegación Provincial de Salud ante las multas que puede conllevar su rebeldía, entre 601 y 10.000 euros diarios. “No tengo ese dinero ni pienso pagarlo”, ha declarado en una entrevista radiofónica. En la misma autonomía, la cervería cordobesa La Espuma de Cabra también se ha declarado insumisa, sumándose a la recogida de firmas. Rodrigo Arroyo, propietario del restaurante Rodrigo de Valencia, ya se ha convertido en una estrella mediática por seguir los pasos de su colega marbellí. Arroyo dice que tras colgar el cartel de ‘se permite fumar’ ha recuperado al “60 por ciento de la clientela perdida desde el 2 de enero”. En Castellón, la consejería también ha levantado acta de falta grave en un bar, al que han imitado otros locales de Paterna, Valencia y Burriana. Arroyo se queja de los 35.000 euros gastados al habilitar una zona de fumadores tras la primera fase de la Ley y también dice no temer a la multa porque “la recurrirá”. Para calmar al sector, el ayuntamiento de Gandía, núcleo turístico valenciano por excelencia, ha decidido reformar la ordenanza de la ocupación de la vía pública para facilitar "al máximo" a bares y restaurantes la posible ubicación de terrazas en la calle y favorecer así que sus clientes fumen a gusto. En el País Vasco la protesta es más sibilina. Pedro Elordui, propietario de la sidrería Ayoberri en Urduliz (Vizcaya), ha optado por protestar colgando del techo la máquina expendedora de tabaco y se queja de la inversión en obras para separar la zona donde el humo podía campar a sus anchas. Su protesta es la de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Vizcaya, que aboga por la retirada de estas máquinas. “A quien más beneficia es al Gobierno, que recauda impuestos, a nosotros no", ha criticado Ángel Gago, secretario general de dicha entidad. El Gobierno escucha y "comprende” Por el momento, la ministra de Sanidad, Leire Pajín, no entra demasiado en la polémica y opta por un discurso pacificador. Pajín califica de "comprensibles" las quejas y la "incertidumbre" de los responsables de estos negocios, pero ha recordado que se trata de "una ley mayoritaria que cuenta con el 70 por ciento del apoyo de los ciudadanos españoles”.
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