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Los funcionarios tampoco harán frente a los copagos suprimidos por Sanidad

Las aseguradoras sí aplicarán el copago hospitalario, por tratarse de una normativa vigente

dom 02 febrero 2014. 12.26H

Carlos Cristóbal. Madrid
El anuncio del Ministerio de Sanidad de dar ‘marcha atrás’ en la aplicación de copagos por el transporte no urgente y los productos ortoprotésicos y dietoterápicos se extenderá también al colectivo de funcionarios del estado. Así se lo han confirmado a Redacción Médica fuentes de las entidades suscriptoras del concierto de asistencia sanitaria de Muface, alegando que el texto remite a los que se haga en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Eliseo Moreno, secretario de Acción Sindical de CSI-F.

Desde las entidades privadas se han referido únicamente al abono por los servicios relacionados con el transporte sanitario no urgente, por ser el único que les afecta de un modo directo. En los otros dos copagos eliminados, correspondientes a la ortoprótesis y la dietoterapia, es la propia mutualidad quien se hace cargo. En este caso,  y dado su carácter estatal, lo más probable es que se mantenga el criterio marcado por el Ministerio.

“Es verdad que el concierto con las entidades de seguro prevé la posibilidad de un copago, pero se remite a la normativa de carácter general del SNS”, han asegurado añadiendo que la propia redacción de esta cláusula hace innecesaria la posible modificación del concierto. “Se hará lo que haga el SNS”, han añadido.

La inquietud en torno a la posibilidad de que los copagos ‘suprimidos’ se aplicaran a los funcionarios ha surgido después de que la Central Sindical Independiente de Funcionarios pidiera al Gobierno su retirada por considerar que, de no ser así, se estaría incurriendo en un trato discriminatorio hacia este colectivo.

Otro de los ‘puntos calientes’ para CSI-F es el referente al copago de medicamentos de dispensación en farmacia hospitalaria, también reclama que no se aplique el copago sobre la farmacia, llegando a reclamar su no-aplicación dada la “falta de consenso” existente entre las diferentes comunidades autónomas. Sobre este aspecto, la postura de las aseguradoras es de respeto a una normativa en vigor, más allá de la posible desobediencia de determinados gobiernos autonómicos.


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