Redacción Médica
19 de julio de 2018 | Actualizado: Miércoles a las 19:50

Lasquetty: “No creo que el Tribunal Constitucional suspenda la externalización”

“El PSOE trata de amedrentar a las empresas interesadas de forma patética”

Jueves, 06 de junio de 2013, a las 14:38

Cristina Mouriño / Imagen: Adrián Conde. Madrid
A unas horas de que se cierre el plazo para que las empresas presenten las ofertas para la gestión de los seis hospitales que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid tiene previsto externalizar (este viernes a las 14 horas), Javier Fernández-Lasquetty recibe a Redacción Médica para abordar este proceso y otros asuntos de actualidad estas últimas semanas en la sanidad regional. Al consejero madrileño no le preocupa la posibilidad de que no se presenten suficientes empresas. “Confiamos, explica, en la madurez y solidez del sector empresarial español de provisión privada dentro del sistema público”. Respecto al recurso promovido por el PSOE para la paralización del proceso, Fernández-Lasquetty se muestra convencido de que el Constitucional no dictará la suspensión.

El consejero de Sanidad en un momento de la entrevista.

Este viernes concluye el plazo para la presentación de ofertas para la gestión de los 6 hospitales cuya gestión se externaliza, ¿Se conocen ya las empresas que concurren? ¿Podría suceder que, tras el burofax del PSOE alertando de que revertirá la externalización si gobierna, no se presentaran suficientes ofertas? ¿Qué alternativa tendría su departamento?

Lo que ha hecho la Consejería de Sanidad ha sido convocar un concurso, por lo tanto, invitar a que las empresas de alto nivel especializadas en gestión hospitalaria nos presenten sus ofertas bajo unas reglas y unas condiciones que son un conjunto de garantías de buenos profesionales, de calidad y de seguir formando parte de hospitales públicos con una forma distinta de gestión. A partir de eso y bajo las reglas de la ley de contratos, con toda la transparencia y el respeto estricto a la legalidad, lo que hemos hecho es invitar a las empresas a que nos presenten sus ofertas.

El plazo se cierra el viernes 7 de junio y hasta ese momento no sabremos las empresas que presentan sus propuestas, y será unos días después, cuando se abran los correspondientes sobres, cuando conoceremos los contenidos de ellas. En este momento no le puedo dar más información porque no la tengo.

En segundo lugar, nosotros no trabajamos pensando en qué va a pasar si no se presentan determinadas empresas. Confiamos mucho en la madurez y la solidez del sector empresarial español de provisión privada dentro del sistema público. Confiamos también en el buen trabajo de colaboración público-privada que se viene haciendo en España bajo esta fórmula u otras muy similares, desde Andalucía pasando por Madrid o cualquier otra comunidad autónoma.

El Partido Socialista de Madrid lleva 16 años mintiendo a todo el que se le pone por delante hablando de privatización y desmantelamiento. El martes tuve una reunión con vecinos de Navalcarnero y les decía: “¿verdad que os acordáis cuando hace 15 años se iba abrir la Fundación Hospital Alcorcón, como el PSOE decía que eso era privatizar y desmantelar?” Bueno pues han pasado 15 años y la Fundación Alcorcón es un hospital público más como lo es el de Fuenlabrada o como lo son los nuevos hospitales. En este caso pasa lo mismo. El Partido Socialista está mintiendo a los ciudadanos y a los profesionales, y tratando de una manera un poco patética, a mi modo de ver, de amedrentar a las compañías haciéndoles llegar un burofax intimidatorio en unos términos que lo que producen es, básicamente, risa.

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por 50 senadores socialistas, ¿teme que la externalización pueda quedar paralizada como ocurrió con el euro por receta?

En absoluto. En el caso del euro por receta se paralizó por una cuestión automática del Tribunal Constitucional. Aparte de ello, el presidente de la Comunidad de Madrid ya declaró que con esa suspensión cautelar, hasta que el Tribunal Constitucional no se decida sobre el fondo del asunto, vamos a mantener suspendida la recaudación del euro por receta.

En el caso del recurso de inconstitucionalidad del Partido Socialista, no hay decisión de suspensión por parte del Tribunal Constitucional en cuanto a las condiciones contenidas en la ley para la externalización, ni preveemos que lo vaya a decir, entre otras cosas, porque el recurso de inconstitucionalidad del PSOE tiene una falta de solidez jurídica enorme. Los argumentos que utiliza no se sostienen jurídicamente. Todo esto sin contar con el hecho de que uno de los tres motivos de supuesta inconstitucionalidad que argumenta el PSOE dice que no deberíamos limitar la posibilidad de que gestionen centros de salud sociedades de profesionales, sino que deberíamos otorgarlo a empresas, sociedades mercantiles con ánimo de lucro, lo cual es la apoteosis de la hipocresía y la mentira.

El consejero tacha de “oportunista” la postura de rechazo de la OMC, CESM y el Foro de la Profesión Médica.

Por otro lado, un segundo informe jurídico de AFEM señala que el proceso de externalización es ilegal pues no constituye una concesión de servicio público, sino un contrato de seguro de salud sobre la asistencia sanitaria de la Seguridad Social, lo que supone invadir una competencia que la Constitución asigna al Estado, ¿Qué valoración hace de este informe?

No tiene ninguna solidez jurídica. Primero, en ese dictamen no hay, que yo recuerde, ningún elemento en el que diga que no estamos cumpliendo la ley de contratos de las administraciones públicas. Lo que hace es utilizar una filosofía muy del gusto del PSOE, una estrategia clarísima en la que AFEM y el PSOE forman un tándem porque trabajan para lo mismo y bajo los mismos intereses. Se basan en un argumento que no se tiene en pie, que es decir que traspasamos el aseguramiento sanitario a una empresa.

El aseguramiento sanitario está establecido por las leyes y corresponde a los poderes públicos. Las condiciones bajo las cuales una persona es protegida por el sistema sanitario público, en qué medida, con qué cartera de servicios, con ausencia de pago; todo eso se sigue manteniendo naturalmente en manos del poder público, hasta el punto de que las cláusulas establecen que, en el caso de que hubiera una modificación de, por ejemplo, la cartera de servicios, la adjudicataria la tiene que asumir. Por tanto, traspasar el aseguramiento sería si dijéramos: decida usted qué hace con esta población, a qué población admite y a cuál no. Eso es completamente absurdo y no tiene nada que ver estos modelos. Son hospitales públicos, bajo las reglas públicas, que atienden solo a pacientes del sistema público y en los mismos términos que cualquier otro hospital público.

Después de las jornadas de huelga, ¿qué impresión le da el devenir de AFEM?

Mi impresión es que es un sindicato que ha basado toda su estrategia en no decir la verdad nunca. Para empezar no decía la verdad ni siquiera sobre ellos mismos. Han negado públicamente ser un sindicato y en sus estatutos, que están en internet, dicen que se han constituido al amparo de ley orgánica de libertad sindical, luego sí son un sindicato.

Creo que desde el primer momento ha habido una estrategia conjunta muy clara con la izquierda más radical. Con el PSOE y mucho más allá. Han planteado todas las cuestiones de una manera equivocada. Si lo que hubieran planteado hubiese sido “vamos a sentarnos con la Consejería para ver bajo qué fórmulas se pueden aplicar medidas para lograr el ahorro que necesitamos”, seguro que hubiéramos podido llegar a un acuerdo con ellos.

Su estrategia no era obtener un conjunto de medidas más ajustado a lo que ellos creen conveniente. Su estrategia siempre ha sido de poder. De imposición de un poder ajeno. Lo han planteado como un pulso de poder y lo han perdido. Plantearon la huelga de seis semanas, y perdieron el pulso; después plantearon cinco semanas y han vuelto a perder; y en el camino se han quedado miles y miles de personas sin una intervención quirúrgica, sin una consulta, etc. En estas últimas cuatro semanas se han cancelado 878 intervenciones quirúrgicas y 19.555 consultas. Por lo tanto, han hecho mucho daño a muchos pacientes.

Desde hace ya mucho tiempo, ni defendían a los ciudadanos ni a los profesionales y estaban ya únicamente defendiendo su propio interés, su propio afán de interés y de poder frente a la administración, frente a los otros sindicatos, frente al Colegio de Médicos de Madrid, y eso es una estrategia particular de poder que nada tiene que ver con el interés general ni con el interés profesional.

El consejero niega que estén determinados los centros de salud a externalizar.

¿Cree que puede haber sido un elemento distorsionador dentro de una negociación que podría haberse llevado con los sindicatos de la Mesa Sectorial? ¿Cree que ha dificultado ese acercamiento?

Creo que han hecho mucho daño. Para empezar plantearon como lo primero lo que un sindicato plantea como última opción, que es la huelga. Antes de empezar no ya a hablar, sino a pedir hablar, ya estaban convocando una huelga indefinida. Creo que han interferido y han perjudicado mucho. A lo largo de todos estos meses, por parte de movimientos asamblearios y de sindicatos nacidos al calor de toda esta cuestión, se ha ejercido mucha intimidación a profesionales.

En los pasillos de los hospitales, en las salas de los centros de salud, ha habido jefes de servicio con muchos años de trayectoria, muy sólidos y muy serios que han querido a hablar con su gerente o su director médico sobre sus planes para lograr una mayor eficiencia en su servicio, a condición de que fuera en secreto. La intimidación no es una herramienta que nadie tenga derecho a usar.

La OMC, CESM y el Foro de la Profesión Médica han mostrado su oposición a la externalización de los hospitales y centros de salud y trabajan en un documento conjunto de rechazo, ¿qué le parece esta postura?

Yo respeto todas las posturas pero me gustaría que hubiera un poquito de coherencia. Cuando se abrió el Hospital de Valdemoro o el Rey Juan Carlos de Móstoles o cuando se concertó el Hospital del Aljarafe en Sevilla, me pregunto por qué entonces no les preocupaba. ¿Es que entonces no había nada de qué preocuparse y en el caso de Madrid sí? Pues que me expliquen por qué. Creo que es puro oportunismo.

En el caso de la OMC me parece especialmente delicado en un aspecto. En ocasiones, los argumentos que se han utilizado desde la OMC es que la calidad de la asistencia sanitaria no iba a estar garantizada, es decir, que los médicos no iban a hacer bien su trabajo, o sea, que los médicos iban a desatender a sus pacientes.

La OMC es la entidad que agrupa a colegios de todos los médicos: el que trabaja en un hospital de gestión directa, y el que trabaja en un hospital público de gestión indirecta o el que trabaja en una consulta privada. Por tanto, me parece que la labor de la OMC es velar por aquello que la ley establece como sus obligaciones y defender el buen trabajo de los profesionales. He echado en falta que la OMC y los colegios de médicos defendieran el excelente trabajo que hacen los médicos de hospitales públicos de gestión indirecta porque lo están haciendo muy bien y nadie, excepto este consejero y este gobierno, ha salido en su defensa.

Centros de salud a externalizar, ¿se conoce cuáles serán los cuatro primeros? ¿En qué punto se encuentra este proceso?

Todos los nombres que se han dicho eran absolutamente falsos porque no están determinados todavía. Además se han hecho correr listas de centros de salud con la única intención de amedrentar a otros compañeros de centros de salud, lo cual me parece una estrategia muy ruin y muy mezquina. No hemos determinado en este momento cuáles van a ser los cuatro centros de salud que van a pasar a ser gestionados por sociedades profesionales. Ya sabe que estamos hablando de la apertura en Madrid de una fórmula que lleva funcionando desde hace más de una década con éxito en Cataluña. Ese proceso será más lento que el de los hospitales porque requiere la elaboración de un decreto que en este momento ya se ha enviado a información pública y después tendrá que ser dictaminado por el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, y finalmente se promulgará y se dictarán las normas para su desarrollo.

Fernández-Lasquetty anuncia que la comisión asesora sobre indicadores de calidad de los centros sanitarios comenzará a funcionar la próxima semana.

¿Espera en Primaria la resistencia que está encontrando en el caso de hospitalaria?

Creo que lo que hay es el fruto de que tenemos un sistema muy rígido en el que a muchas personas les preocupa si su plaza, llamada en propiedad, se puede ver o no afectada. A partir de ahí luego se construyen argumentos de orden general sobre cómo debe ser en la Atención Primaria. Desde luego, la intención de la Consejería es intentar hacerlo de una manera que afecte lo menos posible y al menor número de profesionales. No queremos inquietar a nadie ni que nadie se sienta incómodo. Para eso, desde el primer momento, ofrecimos diálogo y voluntad de trabajo conjunto al Colegio de Médicos y a las sociedades científicas, las cuales se habían pronunciado a favor de este modelo.

Me temo que el ambiente general les ha hecho decir ahora ‘donde dije digo digo Diego’ y aparecen más retraídas. Pero la realidad es que quien a mí me ha hablado de las ventajas de abrir algunos centros de salud a la posibilidad de ser gestionados como las EBA de Cataluña han sido personas y directivos de las sociedades científicas de Atención Primaria de Madrid.

Llama la atención que hace unos años la fórmula de las EBA estaba en boca de todos como una fórmula aceptada y reconocida, ¿también está el cariz político detrás de este modelo como comentaba antes en el de los hospitales?

No tengo elementos de juicio para saberlo. Lo que me pregunto es por qué el mismo autodenominado presidente de la Plataforma de Directivos de Centros de Salud que ha conducido a que un determinado número de directores de centros de salud firmen por anticipado su dimisión, que se hará efectiva en el momento en el que abramos el proceso, hace cinco años en su medio de comunicación lo que decía era exactamente lo contrario, era partidario de la fórmula de las EBA. ¿Por qué se ha producido ese cambio? Pues no sé si es por motivaciones políticas que en algunos casos existen, sindicales, o de protagonismo personal. Lo ignoro. Creo que entre científicos, porque los médicos lo son, se debe sostener una postura basada en argumentos, no en emociones, sentimientos u oportunismo.

En medio de este proceso se ha creado la Dirección General de Supervisión y Control de los Centros de Gestión Indirecta. ¿Cuáles serán sus prioridades? ¿Se ha comenzado a trabajar ya?

Ya se ha puesto a trabajar. Al frente de ella hemos puesto a una persona muy cualificada. Es inspector de sanidad y fue además la persona que hizo el primer plan de calidad de la sanidad madrileña cuando se recibieron las transferencias en el año 2002. Tiene un bagaje que le hace especialmente indicado.

El objetivo que el Gobierno regional ha tenido con la transformación de esta dirección general, que ya existía, era aunar en una sola dirección la tarea de seguimiento y control de los centros sanitarios que hasta ahora hacían bien varias direcciones dentro de la Consejería. Hemos concentrado todas esas responsabilidades en una única dirección general que se dedique solo a eso porque somos los primeros y máximos interesados en garantizar que toda la tarea que hagan los centros sanitarios de gestión indirecta se ajuste a los estándares de calidad que tienen que cumplir. Además, queremos verificar en todo momento la facturación intercentros.

Lasquetty asegura que el Real Decreto 16/2012 “ha sido un éxito y un acierto”.

Nos gustaría preguntarle por el anuncio que a nuestro entender quedó un poco ‘a medias’ de la presidenta regional de Castilla-La Mancha cuando dijo que no se iban a privatizar centros ni hospitales. ¿Qué mensaje perciben desde la Comunidad de Madrid tras estas declaraciones?

Debo decir que no he profundizado suficiente en lo que dijo María Dolores de Cospedal y por tanto, no puedo hacer una apreciación. Únicamente, puedo decir que respeto las decisiones que adopte cualquier comunidad autónoma y más una que se ha encontrado una situación tan complicada como Castilla-La Mancha. Los cuatro hospitales de los que se hablaba son unos centros con unos rasgos muy particulares, del medio rural y en provincias muy extensas.

De lo que sí estoy seguro, porque he hablado a lo largo de estos meses con mi compañero José Ignacio Echániz, es de que las decisiones que se están tomando se hacen en vista de la realidad propia de cada lugar, que no es la misma. Madrid tiene unas circunstancias completamente distintas. Tiene una enorme concentración de población en un territorio muy reducido y con una red hospitalaria muy extensa.

Recientemente se anunció que la Dirección General de Atención al Paciente comenzaría a trabajar en una serie de indicadores de resultados sobre la atención prestada en los hospitales madrileños, ¿se ha avanzado algo en esta iniciativa?

Sí, se ha avanzado. La comisión asesora para los indicadores de calidad se constituye la próxima semana integrada, como habíamos establecido en el decreto, por representantes de sociedades científicas. Lo que vamos a hacer es poner a su disposición todos los datos que tienen los sistemas de información de la sanidad pública de la Comunidad de Madrid de todos los hospitales y los centros de salud para elaborar en el plazo más breve posible un conjunto de indicadores que podamos publicar en internet a disposición de todos los ciudadanos y de los profesionales.

Queremos que sean muchas decenas de indicadores, muy especializados en los distintos procesos. Lo que pretendemos es hacer un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas de todos los centros sanitarios públicos, cualquiera que sea su forma de gestión, a beneficio de los ciudadanos que podrán conocer mejor los resultados de los recursos que entregan al poder público para prestar la asistencia sanitaria, pero también para los propios profesionales que van a tener la oportunidad de comparar de manera homogénea con indicadores estandarizados y respaldados por la solvencia científica de quienes los elaboran, cuáles son los distintos indicadores en cada uno de los centros sanitarios. Ya dimos un paso en ese sentido y la Comunidad de Madrid ya ofrece un pequeño pero importante número de indicadores al hilo de la libre elección. Lo que queremos ahora es extenderlo.

Asimismo, la semana pasada conocíamos la aprobación del Plan Integral de Inspección Sanitaria. ¿Qué objetivos persigue?

El Plan de Inspección es desde luego un instrumento importante de ordenación cada año de la tarea de la inspección sanitaria. Muchas veces no hablamos lo suficiente del enorme trabajo que hace la inspección sanitaria en Madrid y en toda España, con excelentes profesionales y que se debe poner en valor.

El Plan de Inspección para este año continúa, en buena medida, el de años anteriores. Abarca todo el conjunto de la actividad en la que tiene competencia la Consejería de Sanidad, desde lo que se refiere a seguridad alimentaria hasta la necesaria inspección para la autorización de establecimientos sanitarios de carácter privado, como también la propia inspección que se hace de los propios centros sanitarios públicos. Y siempre con el objetivo de garantizar y asegurar lo que es nuestro propósito: que sigamos teniendo una sanidad tanto pública como privada de la máxima calidad, y en el caso de la sanidad pública, en un marco presupuestario que lo hace más difícil pero que no nos obliga a renunciar en absoluto a la calidad.

Se comenta que en el próximo Consejo Interterritorial, que se prevé para finales de este mes, se avance sobre la propuesta de introducir nuevos tramos al copago farmacéutico entre los 18.000 y los 100.000 euros, ¿se han dado nuevos pasos en este sentido? ¿o cree que es necesario primero evaluar el primer año de la medida?

Esto fue una propuesta que dejó en el anterior Consejo Interterritorial la ministra de Sanidad y es cierto que varias comunidades autónomas se habían pronunciado en esta dirección. Desde luego la Comunidad de Madrid está muy abierta a estudiarlo. Creemos que fue un acierto establecer el nuevo sistema de copago de los fármacos y consideramos que merece la pena evaluar y ver si conviene introducir nuevos tramos. De momento no hemos tenido mayor concreción de la propuesta pero estamos abiertos a considerarla, y estoy seguro de que la respaldaríamos sin dificultades y con interés.

Otro tema que parece que preocupa al Interterritorial es el de la central de compras. Se han suspendido los últimos intentos que ha hecho el Ingesa y la mayor parte de las comunidades autónomas han mostrado su preocupación porque es una vía importante aunque muchas de ellas tengan su propia central autonómica, ya que esa unión que también estaba dando al Sistema Nacional de Salud parece que ha quedado interrumpida. ¿Considera que hay trabas? ¿Cuál cree que tiene que ser el camino a seguir?

Sin duda es preocupante. La Comunidad de Madrid se sumó a los concursos de compra centralizada desde el primer momento que empezaron. Nos hemos sumado a todos y debo decir que, en los casos en que se han celebrado, hemos obtenido buenos resultados. Al mismo tiempo estamos avanzando mucho en compra centralizada dentro del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid. Empezamos hace tres años y ahora lo estamos haciendo con material sanitario de muy alto coste y de muy alto nivel de exigencia, desde prótesis de cadera hasta stents coronarios. Estamos logrando unos ahorros de entre un 20 y un 30 por ciento, trabajando siempre junto con los profesionales propios de cada ámbito.

Hemos establecido en todos los concursos que hemos hecho la cláusula de que si sobre ese mismo producto se abría un concurso nacional, la Comunidad de Madrid se sumaba a él. Nuestra vocación es mucho más de participar en concursos nacionales todavía que la vocación que tenemos de hacer concursos limitados al ámbito de Madrid. En ese sentido, lo que espero es que se despejen pronto las dificultades.

También me gustaría hacer una invitación a la reflexión. Comprendo a las entidades que han presentado recursos y entiendo que defiendan sus intereses. Pero su interés particular no creo que sea hacer que esto sea infinanciable, porque si esto es así, entonces ni interés general ni particulares. Por tanto creo que a estas alturas deberíamos dar todos por asumido que un sistema basado en que el mismo producto el contribuyente español lo paga a doscientos precios diferentes, no se sostiene en pie. No se sostuvo nunca y ahora además ni siquiera es financiable.

El consejero responde a las preguntas de Óscar López, director de Publicaciones de Sanitaria 2000; y Cristina Mouriño, coordinadora de Comunidades Autónomas de Redacción Médica.

Mencionaba que la nueva aportación farmacéutica ha sido un éxito, ¿qué balance hace del RD 16/2012?

Sin ninguna duda ha sido un éxito y un acierto en el cual la Comunidad de Madrid se siente especialmente satisfecha. Recordemos que la primera personalidad política que en España habló de esta cuestión, que la aportación se hiciera basada en la renta de las personas y no en su edad, fue Esperanza Aguirre en fechas previas a las elecciones de 2011. En aquel momento fue acogida con un enorme rechazo y polémica, y luego se ha demostrado que es una fórmula mucho más equitativo que responde mejor a las circunstancias propias de cada persona, y además contribuye mucho más a la sostenibilidad del sistema. No en vano, un sistema basado en la aportación en función de la renta es el que tienen todos los países avanzados europeos.

Para la Comunidad de Madrid ha sido, desde luego, algo extraordinariamente positivo. El gasto de farmacia del año 2012, que solamente tenía un semestre de aplicación de la nueva aportación, significó una bajada del 10,7 por ciento, 130 millones de euros menos. El año pasado se gastaron 1.112 millones de euros nada menos en recetas médicas, que es mucho más de lo que se gasta en universidades o en transportes la Comunidad de Madrid.

La preocupación que existe entre la comunidad científica, por ejemplo Neumomadrid, con la posibilidad de que se rebaje la intensidad en la Ley Antitabaco, enfrenta por un lado el beneficio para la salud del paciente y por otro el beneficio económico, ¿qué opinión tiene como consejero de Sanidad?

Creo que lo primero es acotar las cosas en sus términos. Desde luego la Comunidad de Madrid no está defendiendo que haya un régimen general de libre uso del tabaco en cualquier espacio público, ni muchísimo menos. Lo que intentamos es conciliar dos intereses públicos existentes. Uno es el interés de proteger frente a los efectos nocivos del tabaco, pero también hay que combinar el interés público que significa una inversión comprometida ya y que asegura miles de puestos de trabajo.

Nos parece que se puede buscar una fórmula legal que dé acomodo a una adaptación concreta de la ley para permitir que bajo ciertas condiciones, y sin que suponga molestia para las personas que no son fumadoras, en ese espacio se pueda fumar. No estamos hablando de darle la vuelta a la actual norma, sino de tener en cuenta la evidencia de la situación en la que se encuentra España.

Han concluido ya las cinco jornadas de huelga, ¿qué valoración hace? ¿Se plantea abrir nuevas negociaciones?

Los sindicatos no quieren ninguna negociación. Algunos de ellos han negociado y mucho con la Consejería, y llegado el momento se han echado atrás. En otros casos es que desde el primer momento llamaban negociación a lo que era ‘trágala’. Creo que el balance de la huelga es para hacer reflexionar a quienes la han convocado y a quien desde detrás ha tratado de que supusiera la mayor convulsión posible, que es el Partido Socialista e Izquierda Unida. Creo que debería hacerles reflexionar mucho.

Lo que se ha comprobado es que la estrategia de ruptura del líder socialista Tomás Gómez y de hacer de cada centro de salud y cada hospital un campo de batalla ha fracasado, ha desgastado extraordinariamente a los profesionales y ha dejado a miles de madrileños sin atención sanitaria.

La demagogia, la distorsión de la realidad y a veces directamente la mentira tiene un recorrido corto. Cuando dentro de unos meses la gente compruebe que sigue acudiendo a los hospitales, incluidos los seis cuya gestión va a ser externalizada, y el nivel de calidad de la asistencia no ha bajado, sino que se mantiene e incluso aumenta, entonces habrá alguien que diga que todos los que vociferaban y organizaban mareas les estaban mintiendo, y es verdad, les están mintiendo.

Otro de los asuntos que ha suscitado polémica ha sido la jubilación forzosa a los 65 años, ¿cómo se está desarrollando este proceso?

Por supuesto, una de las finalidades de esta medida es favorecer el desarrollo profesional de muchos buenos médicos que están ahora mismo trabajando en la sanidad madrileña. Estamos ya cubriendo las bajas ocasionadas por jubilación de sus profesionales hasta el límite que permite en este momento la ley. Ya hemos sacado a concurso de acuerdo a la normativa legal. En una primera convocatoria del 15 de octubre se sacaron ya 30 jefaturas de servicio y de sección, y este martes se publicaron otras 30.

Madrid ha tratado de demorar lo más posible lo que otras comunidades autónomas aplicaron de manera inmediata. Hemos tratado de aplicar de forma atenuada una medida en la que otras comunidades han sido más tajantes.
Recordemos que es una ley del año 2003 que expresa que la edad de jubilación forzosa de los profesionales sanitarios son los 65 años y admite a continuación que se puedan realizar excepciones. Andalucía lo hizo inmediatamente en noviembre de 2004. Catorce comunidades autónomas han aplicado esta medida antes que la Comunidad de Madrid. En prácticamente todas ellas se aplicaba a rajatabla.

En Madrid establecimos una salvaguarda de un 30 por ciento de los profesionales que tuvieran más de 65 años que continuaran trabajando. En efecto, a 409 se les comunicó que no podían prorrogar su actividad pero a 181 se les comunicó lo contrario. Eso no sucede en ninguna otra comunidad autónoma.

Nos hubiera gustado que hubieran podido continuar más pero en este momento la realidad no nos lo permite. Esta medida significa una reducción de gastos de 60 millones de euros en el cómputo anual. En lo que queda de año, desde que se aplicó, es de 40 millones de euros, y por tanto, es necesaria en un momento como el que estamos de máxima restricción presupuestaria.