Las unidades de Atención Temprana asisten a 967 menores discapacitados

Noemí Martín.

Redacción. Oviedo
Las Unidades de Atención Temprana del Principado de Asturias asisten a un total de 967 menores con algún tipo de discapacidad, según ha destacado Noemí Martín, consejera de Bienestar Social.
Martín ha destacado que “el Principado es una de las pocas comunidades que no tiene lista de espera para acceder a los servicios para personas con discapacidad y la única que cuenta con una red pública de atención a menores en etapa preescolar”.

En el caso de estas personas, ha destacado, la red de servicios está integrada por 633 plazas de alojamiento, 1.667 de atención diurna y por esos 967 servicios a menores.

11.600 personas son atendidas por la red pública sin ser beneficiarios de la Ley de Dependencia

Por otro lado, la consejera de Bienestar Social ha subrayado que “más de 11.600 personas son atendidas en la red pública sin ser beneficiarios de la Ley de Dependencia, ya sea porque no lo han solicitado, porque su reconocimiento está en tramitación o porque su grado y nivel aún no está en vigor”.

Según los datos de la Consejería, son 19.105 las personas que reciben atención profesional en servicios de gestión públicos o privados, mientras que son 7.675 las personas que reciben atención familiar a través de la Ley de Dependencia. Para las personas mayores hay en Asturias 4.536 plazas residenciales, 1.362 plazas de atención diurna y 8.285 plazas en servicios domiciliarios. De estos últimos, 6.921 en el servicio de ayuda a domicilio y 1.364 en el de teleasistencia. En centros privados acreditados hay 1.655 plazas para las cuales los usuarios reciben una prestación económica para el pago del servicio gracias a la Ley de Dependencia.

Noemí Martín ha destacado que son más de 1.100 los millones de euros que han sido invertidos en atención a personas dependientes, mayores y discapacitados en esta legislatura que ahora termina.
A la consejera le parece que la aplicación de la Ley de Dependencia debería mejorar y, en este sentido, ha recordado que ella aboga por lograr “que el Estado financie por el servicio que se presta y no por el grado”. También ha reclamado la consejera al Estado que alcance el 50 por ciento de la financiación a la que la ley le obliga y ha dicho que ahora se queda en el 30 por ciento y el resto lo aporta el Gobierno regional.