14 nov 2018 | Actualizado: 14:30

Las patronales se oponen a la rebaja de tarifa en el módulo social de la atención sociosanitaria

Se suma a la suspensión transitoria de las prestaciones económicas vinculadas al servicio de la Ley de Dependencia durante los meses de agosto y septiembre

Lunes, 30 de septiembre de 2013, a las 19:20

Redacción. Barcelona
Las patronales catalanas ACES (Associació Catalana d’Entitats de Salut), ACRA (Associació Catalana de Recursos Assistencials), el CSC(Consorci de Salut i Social de Catalunya), la UCH (La Unió) y Upimir (Unió de petites i mitjanes residències) han mostrado su preocupación por la rebaja del 4,6 por ciento al módulo social de las diferentes líneas de atención sociosantaria anunciada la semana pasada por el Icass (Institut Català d'Assistència i Serveis Socials) y que tendrá efecto retroactivo de 1 de enero.

Cristina Contel,  presidenta de ACES.

Así, consideran “intolerable” anunciar esta disminución cuando, antes del verano, la Dirección General del Icass afirmó que no habría rebajas. Además, señalan que en los últimos años el módulo social de la atención sociosanitaria nunca se ha incrementado y sólo ha sufrido disminución o congelación.

Este anuncio llega cuando los centros “ya han alcanzado acuerdos con sus trabajadores según el marco previsto para 2013”, por lo que la aplicación de esta rebaja con carácter retroactivo “afectará significativamente la situación en los centros”.

La medida se suma, además, a la decisión tomada durante el mes de julio por la Consejería de Bienestar Social y Familia de suspender transitoriamente las prestaciones económicas vinculadas al servicio recogidas de la Ley de Dependencia durante los meses de agosto y septiembre. En aquel momento, las patronales demandaron que no se aplicara esta suspensión, si bien la Consejería no ha hecho ninguna comunicación al respecto.

Por otra parte, estas medidas adoptadas por la administración se suman al hecho de que “no se ha liquidado la totalidad de la deuda” que se mantiene con los centros proveedores, por lo que las patronales han pedido a la Consejería que reconsidere la aplicación de esta medida “que afecta directamente un sector clave para la cohesión social y que constituye un estímulo para la recuperación económica de nuestro país”.