14 nov 2018 | Actualizado: 21:20

Las farmacias deben adaptarse a los precios de referencia en 90 días

Se fija el umbral mínimo de los precios de referencia objeto de esta orden en 3,12 euros

Martes, 11 de enero de 2011, a las 18:23

Redacción. Madrid
El Boletín Oficial del Estado ha publicado la Orden SPI/3052/2010, de 26 de noviembre, por la que se determinan los conjuntos de medicamentos, y sus precios de referencia, y por la que se regulan determinados aspectos del sistema de precios de referencia. El documento recoge una disposición transitoria en la que señala que las existencias de las presentaciones de medicamentos afectadas por las reducciones de precios previstas en esta orden que obren en poder de las oficinas de farmacia podrán seguir comercializándose al precio anterior a esta reducción en el plazo de los noventa días naturales siguientes a la fecha de entrada en vigor de la orden.

La ministra Leire Pajín.

El texto también señala que el Sistema Nacional de Salud, incluidos los regímenes especiales de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface), del Instituto Social de las Fuerzas Armadas (Isfas) y de la Mutualidad General Judicial (Mugeju), mantendrá, durante el plazo de los noventa días naturales siguientes a la fecha de entrada en vigor de la orden, el precio anterior de los medicamentos afectados.Mientras que las que estén en poder de los almacenes, podrán seguir comercializándose al precio anterior a esta reducción en el plazo de los setenta días naturales siguientes a entrada en vigor de la orden.

Se fija el umbral mínimo de los precios de referencia objeto de esta orden en 3,12 euros, impuestos incluidos. Y se establece que los laboratorios farmacéuticos titulares de medicamentos cuyos precios se vean afectados en un porcentaje superior al 50 por ciento podrán asumir toda la reducción en la fecha de entrada en vigor de la orden ministerial o hacerlo en dos años hasta alcanzar el precio de referencia.
Asimismo, la orden incorpora 86 presentaciones de genéricos sometidas a medida cautelar de inmovilización debido a la resolución judicial dictada por la protección de derechos de propiedad industrial.