Redacción Médica
22 de septiembre de 2018 | Actualizado: Sábado a las 15:35

Las CCAA con más peso de la sanidad privada necesitan menos inversión en gasto sanitario público por persona

La planificación del sistema debería contar con la totalidad de los recursos, públicos y privados

Martes, 08 de febrero de 2011, a las 10:21

Redacción. Madrid
El gasto sanitario público por persona es menor en aquellas comunidades autónomas con mayor penetración de la sanidad privada. Así se desprende de los datos correspondientes al presupuesto sanitario por ciudadano de las comunidades autónomas publicados recientemente. Es el caso de Madrid, Cataluña y Baleares, donde el porcentaje de penetración del seguro privado es superior al 25 por ciento, mientras que en el otro lado de la balanza se sitúan comunidades como Asturias o Extremadura, cuyo presupuesto sanitario público per cápita está entre los más altos y en donde la sanidad privada está poco implantada.

Abarca Cidón, secretario general del IDIS.

“Estos datos ponen una vez más de manifiesto que la planificación del sistema sanitario debería contar con la totalidad de los recursos, públicos y privados, aprovechando y potenciando así el esfuerzo de los usuarios del sistema privado que pagan un complemento por su salud”, afirma Juan Abarca Cidón, secretario general del Instituto para el Desarrollo e integración de la Sanidad (IDIS).“En el momento actual no se puede realizar una previsión real del gasto en sanidad que demanda cada ciudadano sin tener en cuenta el gasto que se genera a través de la sanidad privada, dado que la aportación de la sanidad privada es cercana al 30 por ciento”, señala Abarca Cidón.

El secretario general del IDIS explica que “favorecer la promoción del seguro privado con iniciativas como la desgravación fiscal contribuiría a descargar económicamente a un sistema sanitario público cuya viabilidad se está cuestionando de forma importante”.

Y es que los millones de usuarios no consumen recursos de la sanidad pública, generando una importante disminución en la presión asistencial, en los tiempos de demora y en las listas de espera, lo que se traduce en una descarga financiera para el sistema que los expertos estiman en unos 1.500 euros por persona y año.