Si no puede financiar su aplicación, se debería “cambiar la ley” o reducir las prestaciones



11 ene. 2011 18:23H
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Redacción. Toledo
Si el Gobierno central no puede financiar la aplicación de la Ley de Dependencia, se debería "cambiar ley" o reducir las prestaciones de la misma, según señaló el consejero de Salud y Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, que reclamó al Gobierno central 200 millones por la aplicación de esta norma, que es la aportación de la Junta de Comunidades dentro de los 350 millones que en su totalidad supone el desarrollo de esta normativa al año en Castilla-La Mancha.

Fernando Lamata.

Lamata se refería así al déficit que la aplicación de la ley supone para las cuentas regionales, explicando que en el acuerdo de financiación del Gobierno con las Comunidades Autónomas para la Ley de Dependencia se estableció una previsión de las prestaciones de las personas que tienen derecho a recibir ayuda, en función de unos baremos, ya que la ley tiene carácter universal.

Así, Lamata señaló que si cuando se redactó el acuerdo había una previsión de 10.000 dependientes en Castilla-La Mancha y en realidad "hay 37.000, esto hay que revisarlo, y la financiación tiene que aumentarse de manera muy importante".

En ese sentido, aseguró que la comunidad podría no haber reconocido esta ampliación de la citada previsión y no prestar ayuda a más personas, como, dijo, hacen otras comunidades autónomas, remarcando que no ha sido el caso de Castilla-La Mancha. Así, añadió que la ley "si se puede cumplir, aplíquese y si no se puede financiar, revísese".

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