Redacción Médica
17 de julio de 2018 | Actualizado: Lunes a las 20:10
Miércoles, 04 de septiembre de 2013, a las 13:17

Gabriel López.
El pasado Junio se solicitó una sesión de trabajo con representantes de la Plataforma Navarra de Salud para informar sobre la aplicación de la Ley Foral 8/2013 y valorar lo acordado en la Resolución 315/2013 del Director General de Presidencia y Justicia de Navarra.

Diputación de Navarra.

El origen del conflicto se sitúa en las discrepancias entre la Ley Foral 8/2013, donde se les reconoce a las personas residentes en Navarra el derecho de acceso a la asistencia sanitaria gratuita del sistema público gratuito de Navarra -aprobada por el Parlamento navarro-; con el Real Decreto Ley 16/2012 de medidas urgentes y el Real Decreto 11/92/2012 que regulan la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de asistencia sanitaria, -aprobada por el Gobierno de España.

Representantes de los grupos parlamentarios Aralar-Nafarroa Bai, Bildu, Izquierda Ezquerra, UPN, PSOE y PP han intervenido en esta sesión junto a cuatro voluntarios de la Plataforma Navarra de Salud. Los grupos de la oposición, han manifestado su malestar ante la lentitud de puesta en marcha de dicha Ley Foral; así como en la tardanza del proceso para conseguir la tarjeta sanitaria y en la falta de información respecto a la facturación de las consultas sin dicha tarjeta y la resolución de estas facturas. Además han acusando al gobierno de un intento de separación entre “ciudadanos de primera y de segunda categoría”.

Por su parte, desde el grupo UPN se ponía en duda el trabajo y legitimidad de la Plataforma Navarra para la Salud aunque valoran positivamente su información que asegura que en la Comunidad navarra no hay problemas de atención sanitaria. Fue por último el interviniente del PP quien recordó que la ley autonómica iba en contra de la legislación básica del Estado, y que tendrán que ser los tribunales los que resuelvan este conflicto.

Dos portavoces de la Plataforma Navarra para la salud han contestado a UPN recordando que son una plataforma civil, donde están la mayoría de los sindicatos, profesionales, afectados y demás voluntarios que solo buscan vigilar, aun sabiendo que “esa labor corresponde legalmente al departamento de salud del Gobierno de Navarra”. Debido a los conflictos existentes solicitan “la comparecencia del Director General o el Consejero de Presidencia y Justicia de Navarra para saber qué van a defender”.