Quiere que en todas las autonomías se siga el dictado de la Fiscalía General del Estado de considerar al facultativo una autoridad en el desempeño de su labor pública



14 nov. 2011 23:26H
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Óscar López Alba. Madrid
Hace casi dos años que la Organización Médica Colegial (OMC) puso en marcha su Observatorio de Agresiones para tratar de cuantificar los casos y lograr erradicarlos desde el conocimiento de por qué y cómo suceden. Lo que surgió de un grupo de trabajo entre varios secretarios colegiales provinciales, hoy es una red que une a todas las corporaciones que integran el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos.

Alberto Becerra, coordinador
del Observatorio de la OMC.

Su coordinador es Alberto Becerra, secretario del Colegio de Médicos de Badajoz. En enero de este año él fue el encargado de presentar los datos correspondientes a 2010, y ya trabaja en el nuevo estudio que verá la luz en enero próximo. “Dentro de pocos días nos reunimos la asamblea de secretarios para cruzar los datos correspondientes a cada colegio”, explica.

Becerra se muestra optimista con el camino andado hasta el momento por el Observatorio. “Estamos muy contentos por la implicación de los colegios de médicos. Ahora el médico sabe dónde ir. Hasta ahora había cierta tendencia a no denunciar lo que ocurría. Ahora van a aparecer más agresiones, no porque haya más, sino porque se denuncia más”, considera. Del logro que más orgulloso se muestra es de que “se está produciendo una sensibilización de la población e instituciones. Se ven en protocolos de sociedades científicas, en los programas de las consejerías. Hemos colaborado a dar visibilidad al problema”.

Cree que todavía quedan cosas en el “debe”, y ya se fija los retos para 2012. “Uno de los objetivos más importantes para el próximo año es firmar acuerdos con todas las fiscalías de las comunidades autónomas”, y expresa un deseo: “Lo que me gustaría es que cuando se agreda a un médico se diga que se ha agredido a una autoridad sanitaria. Es un camino largo, porque hay que homogeneizarlo en toda las autonomías”.

Becerra lamenta que no todos los gobiernos autonómicos siguen el dictado de la Fiscalía General del Estado, cuya recomendación es considerar al médico que trabaja en la pública como autoridad en el desempeño de su labor profesional y castigar con penas de cárcel las agresiones que reciba. “¿Para qué queremos una norma si en algunos lugares no se aplica?”, se pregunta, y pide que la Administración se dé cuenta “de que el mayor capital que tiene son sus profesionales. Y los médicos especialmente, que somos el motor del sistema. El médico si se siente defendido y protegido por el sistema se va a comprometer más con él”, puntualiza.

El coordinador del Observatorio hace especial énfasis en que la sociedad se conciencie de que agredir a un profesional sanitario tiene consecuencias penales. “Ahora hay menos excesos de velocidad porque existen radares que ponen multas económicas. Cuando la sociedad se conciencie de que el profesional sanitario es una autoridad en el ejercicio de su labor, y que agredirle conlleva penas de cárcel, se solucionará gran parte del problema”. Y finaliza recordando que “el médico no puede ser la oficina de reclamaciones del sistema”.
 


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