Redacción Médica
20 de julio de 2018 | Actualizado: Jueves a las 19:00

La nueva gestión sanitaria de Tarragona beneficiará a privados

El sindicato médico alerta de que los proveedores sanitarios públicos serán los grandes perjudicados de un proceso, según ellos, poco transparente

Lunes, 11 de agosto de 2014, a las 18:58
Redacción. Tarragona
El sindicato médico Metges de Cataluña (MC) ha advertido este lunes de que el sistema de colaboración entre gestores sanitarios impulsado por la Consejería de Salud de la Generalitat para ahorrar y simplificar estructuras beneficiará a los proveedores sanitarios privados y perjudicará gravemente a los públicos.

Proceso “poco transparente”

Alber Tomás.

Metges ha destacado que Salud ha gestionado este proceso de forma “poco transparente, no ajustada a derecho y sin contar con los profesionales”, por lo que ha rechazado la propuesta de reorganización sanitaria de Tarragona.

El sindicato ha precisado que la colaboración conjunta ha sido acordada por el Instituto Catalán de la Salud (ICS), Gestión y Prestación de Servicios Sanitarios (GiPSS) -ambos públicos- y la Red Sanitaria y Social de Santa Tecla, de titularidad privada, y ha criticado la “actitud caciquil• de estos tres organismos por haber nombrado a dedo a las personas encargadas de desarrollar estos planes territoriales de salud a través de un sistema que impide la promoción profesional de los trabajadores de los centros implicados por medio de una oferta pública.

Además, ha advertido de que el acuerdo prevé un “ilegal prestadorismo laboral”, independientemente de si la movilidad de los facultativos entre las empresas es o no voluntaria, por lo que ha avisado de que denunciará esta práctica ante los tribunales.

Tomar el control de la nueva estructura

Por ello, ha vaticinado que el peso de las decisiones sobre la gestión de los recursos sanitarios “recaerá en manos del único proveedor privado”, por lo que ha instado a Salud a tomar el control del órgano de gobierno de la nueva estructura de servicios integrados para adaptarlo a la normativa vigente en materia de consorcios participados por la Generalitat.

Ha recordado que dicha normativa insta a la Administración a mantener la representatividad mayoritaria en este tipo de organismos, mientras que estipula que el resto de empresas participen en función de su aportación económica y de su número de trabajadores.