La Mesa Sectorial se crea con el compromiso de no invadir competencias autonómicas de RRHH

Francisco Valero.

Con un escueto comunicado, los tres sindicatos citados, representados por Antonio Cabrera (CCOO, secretario de la Federación Estatal de Sanidad), Pilar Navarro (UGT, secretaria de Salud) y Fernando Molina (CSI-CSIF, presidente de Sanidad), informaban del “fin de más de cuatro años de bloqueo” en la creación de dicho ámbito de negociación que estará compuesto por: sindicatos que ostenten más del 10 por ciento de representación estatal (o el 15 por ciento en autonomías), representantes del Ministerio y CCAA. En la mesa de la primera reunión intentará agilizarse el desarrollo de las cualificaciones profesionales de la familia sanitaria que, como recuerda el texto sindical, es la única pendiente de negociación “antes del 31 de diciembre” junto a medio ambiente.

CESM, sin noticias

Preguntado sobre la noticia, el secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Patricio Martínez, la ha valorado como "positiva" si bien ha recalcado que no había sido informado "por parte del Ministerio ni de los sindicatos", entre los que le ha llamado la atención la presencia de CSI-CSIF ya que, según él, "en el Foro Marco para el Diálogo Social, incluido en esta Mesa, CSIF no está presente". Por otro lado, fuentes ministeriales han confirmado que no se haría ninguna declaración al respecto "por ahora" desde el Paseo del Prado.

Cronología de una promesa rota

Todo comenzó por un compromiso verbal de Francisco Valero, director general de Cohesión del Sistema Nacional de Salud y Alta Inspección del Ministerio, durante la primera reunión del Foro Marco para el Diálogo Social. Era el 11 de noviembre de 2010 y habló de que la mesa se constituiría “antes de final de año”. Llegaron las campanadas, enero, febrero, marzo.. y la indignación sindical fue creciendo. Sin visos de retomar el asunto, los sindicatos intensificaron sus quejas mediáticas hasta que a finales de abril se destapó la caja de los truenos acusando directamente a la secretaría de Estado de la Función Pública, dirigida por Consuelo Rumi, de bloquear su constitución por recelo de las autonomías a “perder competencias”. A mediados de mayo, CCOO, UGT y CSI-CSIF lideraron el movimiento sindical enviando una carta a Rumi en la que le daban quince días de plazo para tomar una decisión.